La autorización de la Xunta a impulsar ocho plazas de personal docente e investigador laboral fijo y la anunciada reducción salarial ha motivado la coincidencia de dos protestas ante la sede del Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela, una por parte de los afectados por una convocatoria de plazas anulada el pasado noviembre y otra en contra de los recortes y la caída en las retribuciones.

Las protestas se producían este miércoles, sobre las 16.30 horas, aglutinando a cerca de 80 personas en total, mientras en el interior de San Xerome se reunía el Consello de Goberno de la USC en una sesión extraordinaria para explicar la convocatoria de las mencionadas ocho plazas autorizadas por la Xunta.

Según ha explicado la profesora Maria del Mar San Juan Roca, portavoz del colectivo de plazas anuladas, hay un total de 25 afectados por una convocatoria parcialmente suprimida por la USC en noviembre de 2012 que a día de hoy continúan en la misma situación, tras más de seis meses.

Por ello, ha reclamado que estas ocho plazas que permitirá convocar la Xunta se destinen a "aquellas anuladas" durante la convocatoria del año pasado, sobre todo teniendo en cuenta que hay seis contratos que finalizan entre septiembre y octubre.

Otra de las protestas se dirigía contra los recortes en la universidad y la anunciada bajada de salarios en el personal de estas instituciones. En declaraciones a los medios, Alba Nogueira, de la CIG, ha denunciado el "montón de recortes" que ha vivido esta institución en los últimos años, tanto en salarios como en convocatorias de investigación y de recursos humanos "que prácticamente no están saliendo".

Asimismo, ha apuntado a que "esta concentración es la prueba de que están intentando buscar el enfrentamiento entre colectivos" -también acudió una representación de investigadores Parga Pondal reclamando igualdad en el reparto-, advirtiendo de que "la precariedad es tal" que "hay mucha gente sin estabilización profesional" o con salarios muy reducidos, que se sitúan por debajo que otros cuerpos de la administración pública en tramos similares.

A ello ha sumado otras medidas como la tasa de reposición del 10 por ciento, por la que se ha perdido "mucho personal" y, en consecuencia, se ha "resentido" la calidad de la docencia y la entrada de "gente nueva".

Por ello ha considerado que "el objetivo final" es reducir los cuadros de personal y "hacer peores las clases", para hacer ver la docencia privada más "competitiva". Nogueira también ha señalado, al respecto, que es "previsible" que se acabe presentando recurso por la reducción salarial, dado que se pretende recortar partidas y complementos que son de fijación estatal.

Parga pondal

Otro de los colectivos que ha protestado ante el rectorado ha sido el de los investigadores Parga Pondal (IPP). En concreto, Dolores Viña, una de sus portavoces, han pedido que se les trate "por igual que el resto de colectivos" en el reparto de las mencionadas ocho plazas, dado que las primeras informaciones apuntan a que se destinarán a algunos de los 25 afectados por la convocatoria anulada parcialmente el pasado mes de noviembre, dejando "fuera" a los IPP.

Viña ha recordado, al respecto, que los Parga Pondal han "superado dos evaluaciones" y han cumplido "todos los requisitos" exigidos para conseguir una plaza, insistiendo en que la propia Ley de Presupuestos de la Xunta recoge que las plazas que se creen este año tendrán que responder "a la consolidación investigadores" o a "necesidades docentes urgentes".

"Estaríamos en uno de esos supuestos y de entrada se nos deja fuera", ha denunciado, para insistir en que reclaman que se les trate "por igual" que el resto de colectivos. Asimismo, han avanzado que están convocados a un encuentro con el rector de la USC, Juan Casares Long, el próximo 1 de julio y que la Secretaría Xeral de Universidades ha rechazado reunirse con ellos, argumentando que "no tiene ninguna noticia" que trasladarles. "Ninguno nos ha defendido claramente, ni la Xunta ni la universidad", ha concluido.