La juez del caso Mercasevilla ha citado el próximo día 14, como imputadas, a las cúpulas directivas de las seis empresas que concurrieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja, por entender que se concertaron para crear un "precio artificial" que favoreciera a la entidad ganadora, Sanma.

La juez Mercedes Alaya, en un auto, cita a seis responsables de las empresas que pujaron por los suelos de Mercasevilla, entre ellos Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de administración de Realia Bussiness; José Romero González, presidente del consejo de administración de Prasa; y Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada de Azucarera Larios.

También son citados Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar; y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, firmante de la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

Eduardo Báñez González, fallecido hace varios años y padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, es citado como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, empresa que fundó, por lo que ante el error es previsible que el juzgado precise en los próximos días quién es la persona que deberá comparecer.

La venta de los terrenos se cerró en los 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la juez Alaya deduce que hubo un concierto entre Mercasevilla y Sanma para la adjudicación a ésta última del concurso, así como "idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso".

Añade que es "un indicio más a tener en cuenta" las diferentes relaciones societarias entre Realia Business y Sanma a través de Desarrollo Urbanístico de Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que han tenido algunas de las participantes en el concurso a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE), compraventa de terrenos o asociaciones de promoción inmobiliarias.

En esta rama, una de las cuatro en que se desgajó el caso Mercasevilla, están imputadas quince personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

El abogado de Luis Sánchez Manzano, directivo de la matriz de Sanma, Sando, imputado por esta causa, ha respondido a las acusaciones sobre tal concierto y dice en un escrito que las relaciones contractuales analizadas "se otorgaron ante fedatario público, fueron operaciones perfectamente legales y normales entre empresas promotoras que actúan en el mismo mercado".

En su escrito, notificado este lunes a las partes, el abogado del directivo de Sando dice que no existe "conexión alguna entre dichas relaciones contractuales y el concurso de Mercasevilla, que no fue más que una oportunidad de negocio en la que concurrieron libremente empresas que operaban en el sector inmobiliario".

El hecho de compartir accionariado en DUSE "no implica en modo alguno que Sanma tuviese control sobre las decisiones y actuaciones de Realia", y "mucho menos sobre sociedades en las que a su vez participase Realia, como Noralia", añade el escrito."Y obviamente, más lejos aún queda la posibilidad de control de Sanma sobre decisiones de Noriega o Edamar por el hecho de que Noriega participase en Noralia y en Edamar", precisa.