El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó el martes prohibir todas las manifestaciones convocadas para hoy en el País Vasco y Navarra por Askatasuna, más de 200 actos según la agencia Europa Press, en favor de la autodeterminación de Euskal Herria, por entender que entran "en el ámbito de la declaración de ilicitud" de esta organización.

Así, el magistrado, en un auto notificado la noche del martes, acuerda comunicar a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, a la Delegación del Gobierno de Navarra y a las Fuerzas de Seguridad que se adopten las medidas necesarias para impedir su celebración.

Askatasuna mantiene los actos Askatasuna, la organización ilegalizada de apoyo a los presos etarras, mantiene los actos en favor de la "autodeterminación de Euskal Herria" previstos para hoy en el País Vasco y Navarra,

Delito de integración en organización terrorista

En la resolución, Garzón pide a las Fuerzas de Seguridad que traslade a los convocantes, entre ellos al dirigente de Askatasuna Juan María Olano, que procedan a la desconvocatoria de los actos, advirtiéndoles de que, en caso de celebrarse, serán detenidos de inmediato por un delito de integración en organización terrorista y desobediencia grave a la autoridad judicial.

En los razonamientos jurídicos, Garzón enmarca la jornada de movilización en la dinámica de las denominadas "jornadas de lucha" de ETA, con una actividad general para todo el País Vasco y Navarra y con un "más que previsible riesgo" de comisión de actos delictivos de "kale borroka".

Señala que la convocatoria formal de Askatasuna "nada tiene que ver con la real", ya que la primera se trata de una "simple tapadera" para ocultar a la segunda, que está auspiciada por Gestoras Proamnistía/Askatasuna, miembros destacados de la misma y procesados en su causa.

Igualmente destaca que la convocatoria está apoyada por Segi, organización ilícita.

La Fiscalía había solicitado el martes la prohibición de las citadas manifestaciones al considerar que había indicios suficientes de que habían sido convocadas por una organización ilegalizada como Askatasuna.

Esta decisión se adoptó tras la petición que presentó "Dignidad y Justicia" ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que se investiga la supuesta financiación de ETA a través de las "herriko tabernas", presuntamente controladas por Batasuna.