Decenas de familiares de desaparecidos en México se convirtieron este martes en protagonistas de la presentación de un informe Amnistía Internacional (AI) que documenta que la impunidad en torno a sus casos es "un escándalo nacional" y evidencia "una crisis de derechos humanos" muy profunda.

"Soy la voz de miles de familias que estamos viviendo el mismo calvario, el mismo peregrinar, el mismo vía crucis entre autoridades omisas, insensibles. No les importa escuchar nuestro dolor", dijo la madre de uno de ellos, Lucía Baca.

Su hijo Alejandro Alfonso Moreno Baca, un ingeniero de IBM de 34 años, desapareció en 2011 a las afueras de Monterrey cuando se dirigía a visitar a unos conocidos en Laredo (Texas, EE UU).

La mujer relató los momentos de angustia y desengaño vividos, primero por la pérdida sufrida y después por la realidad lacerante de incertidumbre que envuelve a ese y a otros miles de casos.

"Es como si en mi casa hubieran aventado una bomba de dolor, de incertidumbre y de injusticia", comentó Baca.

A su lado estaba Brenda Rangel Ortiz, quien el 10 de noviembre de 2009 perdió todo rastro de su hermano Héctor, indignada por la indolencia de gobernantes y funcionarios para con ellos.

"Yo quiero a mi hermano de regreso en casa. Él es un joven, no tiene nada que ver ni con las autoridades, ni con el Gobierno, ni con el crimen organizado. Él es un joven que tiene sueños (...) Lo necesitamos en casa, nos hace mucha falta", dijo entre sollozos.

Explicó que ella misma se ha mezclado con el hampa para tratar de dar con el paradero de su hermano mientras nadie investiga su caso, y exigió a la autoridad resolver los casos.

La crisis "es culpa de este Gobierno y del anterior porque no se vale que (el presidente) Enrique Peña Nieto se lave las manos" y alegue que los casos son consecuencia de una fallida estrategia de seguridad lanzada por su antecesor, Felipe Calderón (2006-2012).

"Sí fue Calderón quien desató esta guerra, pero aún en este Gobierno (que comenzó el 1 de diciembre pasado) están saliendo desapariciones, incluso aquí, en el Distrito Federal", agregó.

Las mujeres fueron invitadas por AI a la presentación del informe "Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México" en el Museo de Memoria y Tolerancia de la capital.

El estudio recoge la cifra de más de 26.000 personas desaparecidas o no localizadas incorporadas a una base de datos del Gobierno de Calderón que está actualmente está siendo depurada y se cree que bajará bastante por diversas omisiones e inconsistencias.

El investigador de AI Rupert Knox, que se reunió con altos funcionarios de la Fiscalía mexicana y de la Secretaría de Gobernación (Interior), se dijo preocupado por que el Gobierno "no ha aclarado la forma en que van a depurar la lista".

"Estas cifras ponen de manifiesto uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el Gobierno de Peña Nieto: poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes o funcionarios públicos", explicó.

Knox admitió que el actual Gobierno ha dado algunos pasos en la dirección correcta para esclarecer los casos, pero destacó que aún persisten carencias importantes y una preocupante falta de "investigación de campo" y de resultados.

"Si dentro de un año no se nota que haya ese cambio (...), llegará un momento de duda entre observadores como nosotros (AI) y los participantes, las familias", agregó.

No obstante, celebró que el Gobierno haya reconocido "un problema grave y una crisis humanitaria" por las desapariciones, pero destacó la necesidad de que admita "que en un número significativo hay participación de actores del Estado" en muchos casos.

"¿Necesitamos ser gobernadores, políticos, para que entonces sí investiguen? (...) Nosotros exigimos que también nos ayuden", dijo el padre de Nadia Salazar Vázquez, una madre de tres hijos desaparecida hace casi diez meses.

Graciela Pérez Rodríguez, madre de Milynali Piña, desaparecida con otros cuatro familiares el 14 de agosto de 2012, denunció que la investigación de su caso "está completamente parada" en el norteño estado de Tamaulipas.

"Nadie le quiere entrar cuando se trata de delincuencia organizada", sentenció con una foto de su pequeña entre las manos.