Los ayuntamientos de Punta Umbría e Isla Cristina (Huelva) se presentarán como parte y canalizarán el recurso que el sector del cerco de la provincia va a interponer en el Contencioso Administrativo contra la orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Golfo de Cádiz y en concreto al apartado referido al reparto de la cuota del boquerón.

Así lo ha puesto de manifiesto a Europa Press el portavoz del sector onubense y asesor jurídico, Juan Luis Serrano, quien ha señalado que los letrados de las distintas asociaciones y cofradías de pescadores de Punta Umbría e Isla Cristina han consensuado presentar de forma conjunta el recurso y a través de los dos consistorios costeros.

Del mismo modo, ha precisado que mediante este método se ahorran el pago de las tasas judiciales al estar los ayuntamientos "exentos para pleitear", así como ha añadido que evitan la caución que tendrían que ejecutar si se presentaran como parte particular las distintas cofradías al objeto de llevar a cabo la suspensión de la orden del Ministerio.

El sector del cerco considera el reparto de la cuota del boquerón "discriminatorio" puesto que ven "irreales" los datos con los que se ha llevado a cabo la ponderación para la distribución entre los puertos gaditanos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda y los onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría.

En los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría el sector cuenta con 45 barcos dedicado a esta modalidad, que emplea a unos once tripulantes por embarcación, es decir, más de 400 personas.

Hay que recordar que todas las partes, sector gaditano y onubense y el propio ministerio, alcanzaron un acuerdo en Sevilla en el que se estableció que el reparto se haría teniendo en cuenta "en un 50 por ciento el criterio lineal (por embarcación) y el otro 50 por ciento restante en función de criterios históricos". Así, pese a que no discrepan con estos porcentajes, sí lo hacen con las cifras con las que se ha determinado el número final de toneladas que puede capturar cada puerto.

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