La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé ha elevado a definitiva su petición de 45 años de cárcel para los etarras miembros del 'comando Otazua' Íñigo Zapiraín, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor, presuntos autores del asesinato con bomba-lapa, en junio de 2009, del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, al entender que "existe prueba bastante"  y que "han quedado probados los hechos". El juicio ha quedado visto para sentencia.

En la segunda sesión del juicio por el asesinato de Puelles, Noé ha mantenido su solicitud para que los tres etarras sean condenados a 45 años de cárcel por la comisión de un delito consumado de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un delito de estragos terroristas, así como la prohibición de residir en Bilbao durante un periodo de diez años una vez que haya finalizado su condena.

En su alegato final, la fiscal ha recordado que en agosto de 2009 ETA "reivindica" la autoría del atentado que acabó con la vida de Puelles y ha insistido que "existe prueba" para mantener su petición de condena. En este sentido, ha apelado a las declaraciones policiales, "largas, porque no se ciñeron a este hecho", de los acusados Íñigo Zapiraín y Beatriz Etxebarría.

Así, ha detallado que ambos explicaron que Daniel Pastor era el encargado de identificar las matriculas de los vehículos próximos a la comisaría en la que estaba destinado Puelles, que llevaron a cabo un "primer intento fallido" de atentado y que tuvieron "problemas" en la ejecución del segundo.

Noé ha precisado que Etxebarría dio en sede policial "detalles adicionales" como que fue la también etarra Saioa Sánchez quien les introduce en ETA. Además realizó un "croquis explicativo" del lugar del atentado "voluntariamente". Por su parte, Zapiraín aportó datos sobre la composición y la colocación del explosivo, así como la confirmación de la utilización de bridas.

La fiscal ha reconocido que estas declaraciones solo tienen "valor de denuncia", pero ha agregado que de ellas se derivan "datos objetivos coincidentes con indicios probatorios informados con anterioridad a la detención". Además, ha añadido que la Zapiraín en sede judicial sostiene una "relación de hechos", ratifica que los tres participaron en el atentado e, incluso, manifiesta que el trato policial fue en todo momento "correcto".

La abogada de la acusación particular, María Ponte, ha solicitado una sentencia condenatoria para los acusados y ha esgrimido que en "ningún momento" han negado haber participado en el atentado y que sólo se han limitado ha denunciar malos tratos. La representación del Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha suscrito todos los argumentos de la Fiscalía  y ha dicho que la denuncia de torturas forma parte del "manual de ETA".

Por su parte, la letrada de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) ha considerado que han quedado "perfectamente" acreditados los hechos y la "participación directa, libre y voluntaria" de los acusados en el atentado contra Puelles. "Hacer nuestros cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal", ha recalcado.

La abogada defensora de Zapiraín y Etxebarría ha pedido la libre absolución y ha alegado que "con la prueba practicada en el juicio oral no ha quedado acreditada la participación" de sus defendidos en los hechos y ha afirmado que las declaraciones deben ser "eliminadas" del acerbo probatorio porque han sido obtenidas "bajo malos tratos y torturas". "Hubo una absoluta falta de control jurisdiccional durante la detención", ha aseverado.

También, la letrada defensora de Daniel Pastor considera que "no ha sido acreditada"  la participación de su defendido en los hechos y ha señalado que las pruebas contra él son "declaraciones realizadas por co-imputados", en las que hay "riesgo real" de que fueran realizadas "bajo tortura".

Así, ha alegado que las "anotaciones" atribuidas a Pastor no se refieren "a los hechos que se enjuician". "Esta defensa no cuestiona la pertenencia" de Pastor a ETA, sino que "no ha sido acreditada" su participación en los hechos.

En relación con la responsabilidad civil de los tres procesados, la representante del Ministerio Público también ha sostenido su petición de que los tres miembros del 'comando Otazua' indemnicen conjunta y solidariamente a la viuda de Puelles, Francisca Hernández y Sotelo, con 200.000 euros y a cada uno de sus hijos con 150.000 euros.

Por otra parte, los peritos llamados a declarar ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Alfonso Guevara, en esta segunda jornada de juicio, han explicado que pudieron identificar el cuerpo de Puelles gracias a la "coincidencia total" entre los molares que ellos extrajeron y una pieza dental perteneciente al inspector que se les facilitó.

Asimismo, han declarado que Puelles se encontraba "en el puesto de conducción" del vehículo en el momento de la explosión y que falleció por un "shock, consecuencia de las quemaduras" provocadas por un "artefacto incendiario adosado al vehículo". También, han agregado que la autopsia reveló presencia de "humo" en los pulmones y las vías respiratorias del inspector, lo que les condujo a sostener que Puelles sobrevivió al momento de la explosión, pues "había estado respirando".

Sobre las circunstancias que rodean el atentado, los peritos han destacado que los vehículos quedaron "prácticamente todos calcinados" tras la explosión y que el coche de Puelles se desplazó varios metros por el mismo motivo. Además, han ratificado que el artefacto se situó "sobre la barra estabilizadora de las ruedas traseras, entre el depósito y la rueda de repuesto", lugar que debían conocer "muy bien" por la dificulta de acceso.

Igualmente, los peritos encargados de practicar los registros domiciliarios de los procesados han ratificado sus informes y han recordado que allí se hallaron "sustancias" para fabricar explosivos y detonadores. Los peritos caligráficos también han confirmado la presencia de la letra de Zapiraín y de Etxebarría en un "manual" sobre explosivos, así como otros dos documentos pertenecientes a Pastor y hallados en el domicilio de los otros dos acusados.

Por último, los peritos médicos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal y también el adscrito a la Audiencia Nacional han ratificado sus informes y han testificado que no se produjeron malos tratos por parte de la Policía. Estas declaraciones contradicen la versión de la acusada Beatriz Etxebarría, quien ayer denunció los malos tratos que presuntamente sufrieron los etarras en sede policial tras su detención el 1 de marzo de 2011.

Según los forenses, tras practicarles una exploración psicofísica completa se puede determinar que las lesiones que presentaron los etarras son "compatibles" con la "inmovilización" y la "detención". Ni Zapiraín ni Etxebarría quisieron ser reconocidos por los médicos forenses en sede policial, según han indicado los peritos.