El proyecto del Gobierno de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha superado este jueves el trámite del Congreso con el solo apoyo del PP y pasa ahora al Senado con toda la oposición en contra y la advertencia de que si se aprueba en su redacción actual se recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

A falta de la votación final, todos los grupos de la oposición han expresado su rechazo al proyecto del Ministerio de Justicia y han reprochado al titular de este departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, que pese a su oferta de diálogo, no haya aceptado apenas enmiendas de contenido presentadas por los grupos en la tramitación en la Cámara Baja.

Durante el debate, los portavoces de la oposición han acusado al Ministerio de redactar un texto que recorta la independencia del órgano de gobierno de los jueces, lo "desapodera" y le exime del control parlamentario, críticas que ha rechazado el diputado del PP Jose Miguel Castillo.

Para explicar lo poco que le ha gustado al PSOE el proyecto del Gobierno, el diputado Julio Villarrubia ha sido tajante y ha dicho que si finalmente sale adelante en su actual redacción, su partido llevará la reforma al TC, una decisión que ha aplaudido la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien ha expresado su deseo de sumarse al posible recurso.

La reforma tendrá que estar en marcha en septiembre, fecha en la que se quiere renovar el CGPJ que, según el texto, será elegido por las Cortes por una mayoría de tres quintos, y sólo siete de sus miembros, entre ellos el vicepresidente, tendrán dedicación exclusiva, mientras que el resto sólo cobrarán por su asistencia a plenos o comisiones.

El Congreso y el Senado elegirán cada uno a cuatro juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional y otros seis cada uno de la carrera judicial, puestos a los que puede presentarse cualquier juez con 25 avales o el de una asociación judicial.

Villarrubia ha manifestado su "decepción" por la aprobación "sin consenso, en solitario, en tiempo récord y sin debate" del proyecto, y ha censurado la intención del Ejecutivo de "desconfigurar y desmantelar" el CGPJ dejándolo como un órgano "presidencialista" gobernado por un "núcleo duro" que ostentará el grueso de las competencias.

Además, el diputado socialista, para quien el texto permite que haya vocales de "primera y segunda", ha asegurado que el proyecto "asesta" un "golpe mortal" a la independencia del Poder Judicial y supone una "ocupación política" del mismo, lo que "traspasa los límites tolerables" de la democracia.

Desde la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha dicho que no le "extrañaba" que al debate no hubiera acudido el ministro "de gracia y Justicia", al que ha calificado de "mentiroso compulsivo y patológico" porque no ha cumplido su promesa de llegar a acuerdos.

La tramitación del texto está siendo un ejercicio de "onanismo parlamentario", según Llamazares, quien ha acusado al PP de querer aplicar la política "monocolor" al órgano de gobierno de los jueces para controlarlo desde el Gobierno, lo que para él significa "corrupción de la democracia".

Como ya ocurrió en el debate de totalidad y en comisión, tanto la diputada de CiU Montserrat Surroca como el del PNV Emilio Olabarria se han quejado de que el proyecto no contemple la creación de los consejos autonómicos del poder judicial, previstos en siete estatutos de autonomía.

Ambos han acusado al Gobierno de debilitar el CGPJ, desapoderarlo y diseñar un órgano menos independiente que el actual.

Por otra parte, más de 450 jueces y magistrados y unos 2.000 ciudadanos han expresado ya su apoyo al manifiesto en defensa de la independencia judicial que critica la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los nuevos firmantes que pertenecen a la carrera judicial se encuentran los magistrados del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibañez, Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Joaquín Giménez, han informado fuentes de Jueces para la Democracia, promotor de la iniciativa.

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran también la vocal del CGPJ Margarita Robles; los magistrados del Tribunal Supremo Jordi Agustí Julia y Celsa Pico, y los de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, José Ricardo de Prada, Javier Mártínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel.

El manifiesto considera que la reforma del CGPJ "rompe el equilibrio propio de la división de poderes" y "supone una subordinación del poder judicial al poder político", al tiempo que sostiene que la administración de justicia se encuentra "en una grave situación de deterioro estructural" por falta de medios.