El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado varias reformas de calado en su comparecencia del Congreso para explicar sus prioridades en esta legislatura. Destacan las reformas de la Ley del Aborto y de la Ley del Menor, el copago para los recursos y la posibilidad de implantar la prisión permanente revisable para delitos especialmente graves.
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La reforma de la Ley del Aborto requerirá que las menores aborten con el consentimiento de los padres. Gallardón ha justificado este cambio porque la ley se aprobó "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos". La reforma "defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos en la doctrina del Tribunal Constitucional".
La tasa se reintegrará si prospera el recurso
Gallardón también ha anunciado que se implantará una nueva tasa judicial para aquellos ciudadanos que recurran una sentencia y abran un proceso en " segunda instancia". Gallardón pretende abordar así el "exceso de litigiosidad" que afecta a la justicia española. Esta muestra del "agotamiento del modelo", según Gallardón, va a ser uno de los asuntos que su ministerio aborde prioritarios. "Una situación de crisis impone un uso racional de los servicios públicos", ha dicho.
"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera.
Reforma de la Ley del Menor
Gallardón también ha anunciado que se reformará la Ley del Menor, para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.
Gallardón ha asegurado que la reforma no supondrá "merma alguna" de los derechos del menor.
La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado 'El Cuco' fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como 'El Gitanillo', condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.
Los menores serán enjuiciados junto a los adultos, pero se les aplicará la legislación específicaEn su comparecencia, Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.
Entre las prioridades de Gallardón están los planes para elaborar un Estatuto de la Víctima o el cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así lo anunció el ministro en su toma de posesión, en la que además insistió en el objetivo del PP de lograr en tres meses la renovación pendiente en el Tribunal Constitucional (TC) en diálogo permanente con la oposición. En relación a este asunto, Gallardón ha dicho este miércoles que tienen " pendiente la designación de cuatro magistrados para el Tribunal Constitucional" y que le gustaría " que esos magistrados no respondiesen a cuotas de partidos", sino que fueran apoyados por todas las formaciones políticas.
Gallardón ha comenzado su intervención en el Congreso reafirmando su "voluntad de diálogo" para salvar "las discrepancias políticas".
En relación a la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Gallardón ha defendido acabar con "la politización de la Justicia", como pretendía la Constitución.
Así se reformará el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando "cuotas partidistas". Se actuará también en las competencias del Supremo y del Constitucional, y respecto a este último ha propuesto una superacion del "pasado" para reformar a sus miembros de modo que sus nombramientos no respondan a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.
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