La nueva ley acabará con las cláusulas abusivas, pero ¿y las firmadas hasta hoy?

  • El Senado aprueba esta semana el proyecto de ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
  • El juez podrá apreciar una cláusula abusiva y decretar su improcedencia.
  • El magistrado que planteó estas cláusulas ante Europa, considera que el problema son los damnificados que no se podrán beneficiar de la eliminación.
Imagen de archivo del interior del senado.
Imagen de archivo del interior del senado.
EUROPA PRESS

El Pleno del Senado debatirá el miércoles la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, norma que será aprobada gracias a la mayoría del PP. En el debate parlamentario, hubo 3 propuestas de veto –PSOE y Entesa (PSC e ICV)– y 275 enmiendas, presentadas por PSOE, CiU, PNV, Entesa y Grupo Mixto. El PP no admitió ninguna.

Entre las novedades que se han introducido en la norma durante su tramitación en el Congreso se encuentra, como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la modificación del procedimiento ejecutivo para que el juez pueda paralizar ejecuciones si detecta cláusulas abusivas.

Desde ahora, de oficio o a instancia de parte, el órgano judicial competente podrá apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su continuación sin aplicación de aquellas consideradas abusivas.

El texto también recoge que, para reforzar la protección del deudor hipotecario en la venta extrajudicial, el notario podrá advertir a las partes si existe alguna cláusula que pueda ser considerada abusiva.

Puede decirse que en el futuro inmediato los hipotecados estarán protegidos contra los "excesos" de los bancos, pero ¿y los que ya fueron perjudicados? Como explica el titular del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, a "medio plazo" se eliminarán este tipo de cláusulas, pero el problema de ahora son la cantidad de damnificados que no se podrán beneficiar de esta eliminación.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el juez que planteó la cuestión de las cláusulas abusivas a la Justicia europea, ha asegurado que entre 2000 y 2009 los bancos abusaron de la ciudadanía y no informaron "suficientemente" del tipo de cláusulas que se les aplicarían, por lo que ha considerado que se deberían anular todas.

Según Fernández Seijo, en un mes se han presentado más de 300 reclamaciones contra las cláusulas suelo de las hipotecas de una misma entidad en Barcelona. Ya antes de que lo diga la ley española, el magistrado ha instado a que los jueces que detecten una cláusula abusiva de intereses la paralicen y eliminen, como dicta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El juez reclama una norma de segunda oportunidad para aquellos hipotecados que no puedan hacer frente a la deuda, del mismo modo que la tienen la mayoría de países de Europa desde hace más de 30 años, y que permite a los afectados volver "a la normalidad del consumo, después de hacer un esfuerzo".

Cambiando la ley hipotecaria

Puesto que el PP ha renunciado a presentar en el Senado enmiendas parciales al proyecto de ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, la norma podrá estar aprobada de forma definitiva esta semana, sin tener que pasar de nuevo por el Congreso.

La tramitación de la ley en el Congreso se ha prolongado durante cinco meses, desde que el 15 de noviembre de 2012 el Gobierno aprobara el decreto ley de Protección a los Deudores Hipotecarios que fue aprobado en el Congreso el pasado 18 de abril.

Además, la Unión Europea prepara una directiva comunitaria sobre créditos hipotecarios con la que busca asegurar una mayor y más eficaz protección al deudor hipotecario mediante la eliminación las cláusulas abusivas en los contratos. El futuro texto todavía debe ser aprobado por el pleno del Parlamento y por los Estados miembros, que tendrán dos años para incorporarlo a sus legislaciones.

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