Juez José Castro
El juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. EFE

La Audiencia Provincial de Palma ha rechazado que parte del 'caso Nóos', que instruye el juez de la capital mallorquina José Castro por supuesta corrupción, la lleve un juzgado de Valencia, tal como pidieron algunos imputados.

La Sección Segunda de la Audiencia ha dictado un auto en el que desestima los recursos de María Ángeles Mallent, exresponsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia —para quien el juez levantó la imputación—, del exdirector de este equipamiento José Manuel Aguilar y del exsecretario autonómico de Turismo de Valencia Luis Lobón.

Los recursos planteaban una cuestión de competencia respecto a los hechos investigados en Valencia y solicitaban la inhibición del juez de Palma José Castro.

El propio Castro ya rechazó en primera instancia esta petición, desplegando una lista "significativas coincidencias" entre los negocios urdidos por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, tanto en Valencia como en Baleares en la que se amparaba para desestimar la petición de Lobón, a la que se opusieron, además, Fiscalía y Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares.

La Audiencia considera ahora que la conexión entre los hechos ocurridos en Valencia y en Palma está debidamente fundamentada y razonada en la resolución del juez José castro, por lo que confirma su competencia para investigarlos en el procedimiento del 'caso Nóos', en el que se investiga un supuesto desvío de fondos públicos a este instituto que estuvo presidido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

El Valencia Summit

La Sala recuerda que la instrucción se inició por unos hechos acontecidos en Palma relacionados con responsables políticos de diversos organismos públicos que determinaron la adjudicación de la organización de eventos al Instituto Nóos, cuyos máximos responsables eran Iñaki Urgandarin y su exsocio Diego Torres.

Añade que es una complicada investigación en la que se han detectado indicios de actividad delictiva por parte de los imputados más allá de la isla.

La resolución agrega que inicialmente se encontró en poder de los investigados además de facturas emitidas a órganos administrativos de Baleares otras relativas a los eventos de Valencia Summit, celebrados en 2004, 2005 y 2006.

El juez apuntaba a las coincidencias "en lo elevado de los importes de las adjudicaciones", entre otros motivosExplica que se comprobó que correspondían a tres convenios de colaboración entre el Instituto Nóos, la Fundación Valencia Convention Bureau y la Ciudad de las Artes y de las Ciencias para la organización de los Juegos Europeos de dichos años.

En esta misma línea, el juez apuntaba a las coincidencias "en lo elevado de los importes de las adjudicaciones" así como "en lo ridículo de los presupuestos que se aportan", además de que "todos ellos fueron impuestos" por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres al frente de Nóos. Es más, aseveraba que "en todos los casos fueron aceptados sin discusión por los responsables políticos" de ambas Comunidades Autónomas.

"En ninguno de los casos los responsables políticos se preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que consiguieron los organizadores [en referencia al Instituto Nóos] y en aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de los pagos", incidía el instructor de este complejo procedimiento judicial.

"Prácticamente calcados"

Del mismo modo, el juez Castro subrayaba que también en ambos casos se documentaron las adjudicaciones bajo fórmulas de convenios de colaboración "para excluir constreñimientos administrativos y participaciones de terceros que pudieran estar interesados en su adjudicación", toda vez que, ahondando en los propios convenios firmados, precisaba que tanto los de los eventos del Valencia Summit como los del Illes Balears Forum "son prácticamente calcados unos de otros".

Para la Audiencia, la conexión personal y fáctica impide que los hechos puedan ser investigados por diversos juzgados, pues ello rompería la continencia de la causa e imposibilitaría que los jueces instructores alcanzaran un conocimiento de conjunto de la posible actividad delictiva desarrollada en distintos lugares.

Además, advierte de que el eventual enjuiciamiento por separado podría conducir a pronunciamientos diversos y contradictorios ante hechos similares.

Los recurrentes argumentaban que se investigan hechos ocurridos en lugares diferentes y a personas que no tienen conexión entre sí y que todo lo relativo a las contrataciones entre Nóos y las instituciones públicas valencianas lo debería instruir un juez de este territorio, pero Castro rechazó estas razones.

En concreto, alegaron que los hechos relativos a los convenios celebrados en Valencia no mantienen con el resto de lo investigado más conexión que el exclusivo vínculo de la intervención de empresas y entidades ligadas a Urdangarin.