El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este jueves que "carece de fundamento" hablar de cifras concretas sobre el límite de déficit de las comunidades autónomas, ya que, "a estas alturas, no hay cifras", porque tiene que haber diálogo con todas ellas y con la Comisión Europea.

Montoro se refería así a una información publicada este jueves en La Vanguardia que titulaba:  "Hacienda ofrecerá un déficit del 2% a las comunidades del arco mediterráneo", Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Montoro ha asegurado que lo publicado pertenece al campo de las conjeturas, pero no puede tener base en cifras puesto que no hay cifras cerradas para nadie, y que "aún siguen siendo válidos los objetivos establecidos en el Programa de Estabilidad".

Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que el próximo lunes se celebrará la primera reunión del grupo de trabajo de las comunidades autónomas para analizar la posibilidad de que haya un déficit diferenciado para las comunidades. La reunión, que será de nivel técnico, sin la presencia de los consejeros de Hacienda, servirá para intercambiar "datos, pareceres y posiciones" sobre esta posibilidad, que es rechazada por algunas autonomías como Madrid, Extremadura, Galicia y Castilla y León.

Sin embargo, la asunción de déficit a medida, que surgió a petición de Cataluña, ha encontrado un amplio respaldo en las autonomías de Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana. Precisamente, desde la Consejería de Hacienda de Murcia se ha calificado de "muy buena noticia" la posibilidad de que, si Bruselas amplia el objetivo de déficit para España, éste sea repartido a las autonomías y pasar del 0,7 del PIB previsto a un 1,5 ó 1,7 por ciento.

Las fuentes del ministerio han señalado que ya ha habido otros intercambios de opiniones con las comunidades autónomas y que ahora se trata de hacer una puesta en común. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se planteó la posibilidad de que las autonomías asumiesen déficit individualizados lo que originó la polémica entre las comunidades cumplidoras que veían en los déficit asimétricos una concesión a las peticiones catalanas.