La consejera de Educación, Irene Rigau, ha anunciado que su Departamento no acatará y ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que establece el castellano como lengua vehicular en las clases donde haya un alumno que lo solicite judicialmente.

"No contemplamos la posibilidad de ejecutar la resolución" porque, a petición de un niño, propone un "cambio de lengua del grupo y es imposible" porque la lengua vehicular forma parte del proyecto lingüístico y educativo del centro, que es aprobado por el Consejo Escolar, como establece la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

En ese sentido, ha añadido que "la lengua del grupo no puede cambiar porque un niño lo pide". La consejera ha añadido que el auto "no tiene en cuenta los derechos de los otros padres" porque antepone la voluntad de un padre a la del resto.

Es por eso que el Departamento de Educación ha recurrido el auto ante el Supremo para "preservar un modelo lingüístico de 30 años con reconocimiento y un amplio apoyo parlamentario", ha afirmado este miércoles la consejera, quien ha remarcado que no se trata de una sentencia.

"Lamentamos tener que defender continuamente nuestro modelo pero no nos cansaremos de hacerlo", ha sentenciado Rigau, confiada en que el Supremo les dará la razón. La consejera no sólo ha recordado que este curso solo 17 familias han solicitado la escolarización en castellano frente a las 106 del anterior, sino que los alumnos de cuarto de ESO han obtenido resultados similares en ambas lenguas.

Por su parte, el secretario de Convivencia Cívica Catalana, Jose Antonio Martínez, se ha mostrado satisfecho con la resolución y, aunque puede recurrirse, ha recordado que es de aplicación inmediata.

No obstante, la ha considerado insuficiente y es por eso que seguirán trabajando para modificar el sistema de inmersión lingüística y que no sea necesario reclamar por la vía judicial la escolarización en castellano.