La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y una mujer, todos de la misma familia y nacionalidad rumana, como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual.

El cuerpo ha informado este viernes de que el modo de operar consistía en engañar a compatriotas en situaciones de pobreza y exclusión social en su país de origen mediante promesas de contratos de trabajo o incluso de creación de empresas en el sector de hostelería y construcción. Además, la organización sufragaba los gastos de desplazamiento de forma anónima y así hacer viable el ofrecimiento atractivo.

Una vez en Tenerife, alojaban a las víctimas en pisos arrendados por la organización criminal, pero utilizando siempre las filiaciones de las víctimas, a quienes obligaban a firmar contratos de arrendamiento al objeto de dificultar cualquier tipo de investigación sobre la organización, y para que los investigadores no pudieran relacionar las viviendas utilizadas por la red como "cuartel general". Las víctimas convivían siempre con varios miembros de la banda y eran controladas las 24 horas del día.

Tras informar a las víctimas de que el proyecto empresarial se había retrasado con motivo de la crisis económica por la que atraviesa España, las obligaban a ejercer la mendicidad para poder amortizar la deuda que les pesaba por los gastos del viaje y el pago del arrendamiento.

Las víctimas eran situadas en los accesos de diferentes supermercados y aparcamientos de vehículos, como en distintos semáforos estratégicos de la capital tinerfeña, así como en otras localidades de la isla, donde les hacían usar carteles elaborados por la organización para el ejercicio de la mendicidad y también los hacían limpiar cristales de vehículos.

Las jornadas de trabajo superaban habitualmente las doce horas diarias, y permanecían controlados en todo momento por algún miembro de la organización, que ejercía las mismas funciones donde se encontraban las víctimas para, al final de la jornada, recaudar casi la totalidad de las ganancias obtenidas por los rumanos coaccionados.

Asimismo, los agentes comprobaron que la banda realizó numerosas transferencias de dinero a su país de origen, lo suficientemente pequeñas al control fiscal.

En otras ocasiones, engañaban a las víctimas para que realizaran las transferencias ellas mismas con destino a otro miembro de la organización en Rumanía, bajo promesa de que esa persona se encargaría de hacer llegar el dinero a sus familiares, lo que nunca sucedía. Con ello pretendían evitar el rastro ante una posible investigación policial o judicial.

Amenazas de muerte

Cuando alguna de las víctimas pretendía desligarse de los lazos que le ataban a este grupo criminal, era sistemáticamente perseguida y amenazada en su vivienda y en la propia vía pública, llegando las amenazas de muerte a hacerse extensivas a sus familiares que se encontraban en Tenerife y Rumanía.

En el transcurso de la investigación policial, que ha durado varios meses, también se ha detectado que algunas víctimas eran explotadas sexualmente. Según los agentes, eran obligadas a ejercer la prostitución durante la noche, en su propio domicilio, siempre con clientes pertenecientes al círculo de amistad de los miembros del clan y nunca con desconocidos, para evitar posibles fisuras que delataran la actividad criminal de esta red.

Las personas detenidas, en unión al atestado instruido, fueron remitidos a la Autoridad Judicial, cuyo titular decretó el ingreso en prisión del principal dirigente del grupo.