La Xunta impulsará una nueva ley para "blindar" la "racionalización" de la administración gallega, al obligar a revisar de forma periódica su estructura para garantizar que es "acorde" con las necesidades" de cada momento, además de rebajar a la mitad "los umbrales" para formalizar contratos menores y que podían cerrarse por procedimiento negociado —que caerán de 18.000 a 9.000 euros en suministros y de 50.000 a 25.000 euros en obras—.

Asimismo, según han explicado el presidente Alberto Núñez Feijóo y el vicepresidente Alfonso Rueda, mediante esta norma el Ejecutivo dará "rango legal" a la obligación de publicar las declaraciones patrimoniales por parte del máximo mandatario autonómico y de su equipo de conselleiros. "No sólo lo hará este Gobierno de forma voluntaria y en tiempos de crisis, sino todos los que vengan", ha subrayado Feijóo.

Con el objetivo de lograr una administración "más eficaz, eficiente y que tenga en cuenta que todo lo que se gasta sale del bolsillo" de los ciudadanos, Feijóo ha incidido en el papel de esta ley, que ve uno de los proyectos "más importantes" de la legislatura, y ha recordado el impulso del plan de racionalización de la administración que, en sus dos primeras fases, permitió suprimir 56 entes y un ahorro de unos 120 millones.

Al tiempo, ha aludido a la aprobación de la Ley de organización y funcionamento da Administración xeral y el sector público gallego, como la "segunda gran actuación" en materia de racionalización, y ha destacado que "el tercer gran pilar" será la norma que analizó este jueves el Consello de la Xunta.

"Este proceso no tiene marcha atrás y esperemos que se consolide con independencia de la situación económica del país. Por mucho que vaya bien la economía gallega o española, tenemos que gastar menos para dedicar ese dinero a pagar un porcentaje de deuda que fuimos acumulando en época de crisis. Buscamos una administración más responsable y eficaz", ha resumido el jefe del Ejecutivo.

Mejoras en la contratación

Entre las novedades que incorpora esta normativa, que ahora será sometida a exposición pública, Alfonso Rueda se ha centrado en la mejora de los procedimientos de contratación con la rebaja de los umbrales, por ejemplo, para que los departamentos puedan recurrir al procedimiento negociado sin concurso público.

Asimismo, ha señalado que la ley incidirá en el principio de "autoprovisión", de forma que "en ningún caso se podrá a acudir a empresas externas" para realizar alguna tarea o servicio que pueda desarrollar "con sus medios" la propia administración.

Para ello, la ley estipula la elaboración de catálogos de medios y prestaciones susceptibles de ser objeto de cooperación, colaboración y asistencia en el ámbito interno del sector público. Para los medios y prestaciones incluidas en los mismos, sólo se podrá acudir a la contratación externa cuando la autoprovisión no resulte viable.

Del mismo modo, el texto apuesta por la contratación centralizada para "reducir costes" y se apuesta por incentivar los "criterios sociales e innovadores". De hecho, se establece que, en un máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, podrán presentarse de forma electrónica todas las ofertas y solicitudes.

Pese a la contratación centralizada, a la hora de configurar los contratos, se posibilitará su división en lotes para garantizar el acceso a los concursos a las pequeñas y medianas empresas (pymes). También se aboga por la "reunificación y simplificación" en busca de un mapa normativo más sencillo en Galicia.

Reordenación de entidades

Por otra parte, el último título de la ley se dedica a la sistematización, reordenación y supresión de entidades públicas instrumentales del sector público autonómico y contiene previsiones relativas a la extinción o fusión de varios entes instrumentales.

En este sentido, los procesos de reestructuración previstos incluyen la supresión y liquidación de la Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria, la refundición en un sólo ente del Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) y del Instituto Galego de Estatística (IGE), así como la del Instituto Galego de Consumo (IGC) y del Consello Galego da Competencia.

Del mismo modo, contempla la fusión en un único órgano del Centro de Transfusións de Galicia, la Oficina de Coordinación de Transplantes o los bancos de tejidos terapéuticos o biobancos.

Impresión por arrendamiento

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha aprobado la licitación de la contratación del servicio de impresión para las sedes judiciales en Galicia, del área de Presidencia y de la Vicepresidencia. Este modelo de gestión sustituye el sistema de adquisición por compra por el de arrendamiento, que consigue un ahorro anual de 392.000 euros en gastos de impresión y mejora la prestación del servicio.

El nuevo sistema permitirá la dotación de hasta 519 equipamientos en las sedes judiciales gallegas y en varias áreas de la Administración autonómica. El objetivo es que se extienda al conjunto de la administración a partir de 2014, lo que permitirá alcanzar un ahorro estimado de 600.000 euros anuales.