Los afectados por las preferentes se han quedado fuera de los plenos de Nigrán y Baiona, que se han celebrado con la única presencia de los alcaldes y ediles del PP, después de que, en ambos municipios, la oposición optase por no estar presente en las sesiones.

En el caso de Baiona, el pleno comenzó con normalidad a las 12.00 horas pero, cuando se iba a iniciar el debate del primer punto, los concejales de PSOE y BNG pidieron al regidor, Jesús Vázquez Almuíña, que recibiese a los afectados por las preferentes —que se concentraron a las puertas del Ayuntamiento con sus bocinas y silbatos—.

Ante la negativa del alcalde, los concejales socialistas, nacionalistas y el edil del grupo mixto optaron por abandonar el salón de plenos, y la sesión se celebró con la única presencia del alcalde y los nueve concejales del PP. El consistorio estuvo custodiado por agentes de la Policía Local y refuerzos de la Guardia Civil.

En el caso de Nigrán, cuyo pleno también estaba convocado para las 12.00 horas, la sesión se celebró en el auditorio municipal. El colectivo de afectados no pudo acceder a las instalaciones y se concentró a las puertas del auditorio, en el que, finalmente, sólo se quedó el PP para celebrar el pleno, ya que PSOE y BNG no estuvieron presentes.

FORCEJEOS

Las protestas en el exterior del recinto elevaron su tono, hasta el punto de que hubo algunos forcejeos entre afectados y agentes de la Guardia Civil, cuando algunas personas comenzaron a golpear las puertas del auditorio. De hecho, una mujer de avanzada edad tuvo que ser atendida por personal sanitario tras sufrir una crisis de ansiedad.

Al finalizar el pleno, el alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, mantuvo una reunión con una representación de este colectivo, y les trasladó nuevamente su apoyo, al tiempo que recordó que impedir la celebración de plenos en los Ayuntamientos no resolverá su situación.

Asimismo, ha lamentado la "demagogia" del PSOE, por abandonar el auditorio antes de empezar el pleno y ha criticado que los grupos de la oposición utilicen a los afectados como "arma política".