Los dos acusados de estafar a varias personas un total de 1,1 millones de euros que éstos pidieron como créditos personales para participar en un negocio han negado haber participado en la negociación con el banco y en contactar con los perjudicados para pedirles dicha inversión, responsabilizando de la operación al principal procesado y responsable del grupo empresarial, que está en paradero desconocido. Así, han dicho que no han tenido beneficios y que cuando ocurrieron lo hechos no sabían nada de la supuesta estafa.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha comenzando este lunes a juzgar a estas dos personas, un hombre, supuestamente uno de los representantes del grupo societario; y una mujer, secretaria y compañera sentimental del principal acusado. El juicio está previsto que continúe el próximo jueves, día 21, con la declaración de testigos, entre ellos el director de la sucursal que concedía los créditos, tras lo que será el momento de las conclusiones y los informes finales.

La Fiscalía les acusa de un delito continuado de estafa y solicita cinco años de prisión para cada acusado, que indemnicen a los perjudicados con el dinero entregado y que se anulen los contratos de préstamos suscritos con la entidad. La acusación particular, en nombre de los perjudicados y dirigida por el letrado José Ignacio Francés de IFS Abogados, acusa por lo mismo y solicita iguales medidas, salvo la petición de cárcel, que eleva a seis años, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Los hechos sucedieron en 2005 cuando el acusado que está fugado convenció "de modo falaz" a sus compañeros en un restaurante para participar en un negocio, para lo que debían poner dinero en un grupo de empresas, según las acusaciones. Al no tenerlo, este procesado "les llevaba" a un banco en Nerja (Málaga) "para conseguir, sin los mínimos requisitos" un préstamo personal, que "automáticamente pasaba a la cuenta del acusado", quien "disponía de ese dinero", afirmando a los perjudicados ser avalista de los préstamos "sin serlo".

En esto, según las acusaciones, participó tanto la secretaria y entonces pareja del principal procesado, "conocedora de las actuaciones y encargada de preparar la documentación"; como el otro acusado, administrador de muchas de las empresas, quien a principios de 2006 "mantenía engañados" a los perjudicados "manifestando hacerse cargo del abono de los préstamos". Ambos han negado los hechos por los que se les acusa y han dicho que no sólo no han tenido beneficios, sino que se consideran perjudicados.

Así, el hombre ha asegurado que no fue administrador de las empresas, sino apoderado de algunas, pero que nunca estuvo presente en las conversaciones con los perjudicados ni en el momento en el que éstos firmaron los créditos en el banco, algo de lo que se encargaba el principal acusado. Ha dicho que con este negocio pretendía tener un beneficio legal "esperado pero nunca venido", apuntando que él también pidió un crédito en las mismas condiciones que los perjudicados.

Por su parte, la expareja del procesado que no está localizado, y que tiene otra identidad, ha asegurado que ella "en absoluto" pensó que la intención era llevarse el dinero y que ha sido "la primera engañada" por aquel, "una persona que me ha destruido la vida". De ese procesado ha dicho que "sabe escoger a sus víctimas" y ha considerado "injusto que una persona con los antecedentes que tiene, que los sé ahora, no esté aquí" y sí se esté juzgando a ella y al otro hombre como "chivos expiatorios".

También han declarado algunos de los perjudicados, ya que otros no tenían documentos de identidad. Los testigos han asegurado que el principal acusado negociaba y tramitaba los préstamos, pero la secretaria se encargaba del papeleo y sostienen que el hombre también tiene "participación administrativa" en lo sucedido. Han relatado que al principio, los acusados sí pagaron las cuotas del crédito, pero luego dejaron de hacerlo, por lo que el banco les reclama a ellos las cantidades concedidas que "nunca llegamos a ver".