El Congreso de los Diputados aprobará hoy previsiblemente la proposición de ley promovida por CiU para el tratamiento de la deuda externa, que regulará la gestión de la deuda externa como un instrumento dirigido a erradicar la pobreza y avanzar en el desarrollo de una política de cooperación.

Una de las novedades de esta propuesta es que, con objeto de dejar de contabilizar aquellas operaciones de deuda externa que no deban computarse como ayuda oficial al desarrollo una vez alcanzada la cifra del 0,7 por ciento del PIB, el Gobierno presentará ante los organismos internacionales las iniciativas oportunas.

La aprobación de esta norma, que CiU confía en que sea por unanimidad, convertirá a España en el segundo país de Europa, después de Italia, con una ley sobre la gestión de la deuda externa.

El portavoz de Cooperación Internacional para el Desarrollo de CiU en el Congreso y ponente de esta proposición de ley, Carles Campuzano, expresó ayer su "satisfacción" en la medida en que esta regulación vinculará la política de gestión de deuda externa a la de cooperación al desarrollo.

De esta manera, estas medidas se dirigirán preferentemente a los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento y, dentro de ellos, a los que sean prioritarios para la cooperación española.

Al mismo tiempo, agregó, abrirá a la sociedad civil la posibilidad de participar en la gestión de la deuda y desvinculará la ayuda oficial a la compra de bienes y productos españoles.

El texto insta al Gobierno a que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, presente en el Congreso un plan para renegociar y, en su caso, cancelar la deuda contraída con España por los Países Altamente Endeudados (HIPC) antes del 31 de diciembre de 2003 si tiene origen en los seguros de créditos a la exportación concedidos por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) o Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Actualmente, según datos del Gobierno a los que se remite CiU, la deuda externa no condonada asciende a 1.198 millones de euros, 636 millones de ellos de deuda oficial, mientras que los otros 562 millones corresponden a CESCE e ICO, que se reparten entre los 38 países altamente endeudados (HIPC).