Los aviones de dos compañías aéreas, Air Europa y Swiftair, serán los encargados de expulsar de España este año a los extranjeros 'sin papeles' y a los extranjeros que hayan cometido algún delito y pese sobre ellos una orden judicial de expulsión. El BOE publica que el Ministerio de Interior ha adjudicado a estas dos aerolíneas el contrato de este servicio de transporte aéreo.

Para ello, Interior pagará 11,8 millones al año por realizar tres tipos de vuelos: dentro de España para trasladar a extranjeros a los centros de internamiento, los famosos CIE; vuelos de expulsión a otros países; y vuelos conjuntos de repatriación con otros países de la Unión Europea.

Los vuelos de expulsión empezaron a ser un importante coste para las arcas públicas en 2006 y 2007, con la crisis de los cayucos que trajo 58.000 extranjeros a las costas españolas. En 2008 estos vuelos se asentaron, "llegando a haber meses en los que se hacía uno cada tres días", señalan fuentes policiales. Y en 2009, Interior decidió crear la BEDEX, la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros, para empezar a expulsar también a extranjeros con delitos y con orden judicial de abandonar el país.

En 2009, por ejemplo, se realizaron 13.278 expulsiones; en 2010 se pasó a 11.454; en 2011 a 11.358 y el año pasado a 10.130. El perfil de los extranjeros expulsados ha ido cambiando. Si entre 2004 y 2007 (ambos inclusive) España expulsó por avión a 40.747 inmigrantes, casi la totalidad por no tener papeles, el 87% de los expulsados en 2012 eran "cualificados", es decir, extranjeros con delitos y orden judicial.

Las dos aerolíneas adjudicatarias no podrán incluir en estos vuelos a otros usuarios, pese a que queden plazas libres, ni transportar mercancías que no tengan relación con el objetivo del viaje. Interior también las obligar a dar agua mineral a los pasajeros y comida si el viaje dura más de dos horas. Con los extranjeros viaja una representación importante de policías. El protocolo marca dos agentes por cada inmigrante.

El pliego de condiciones técnicas revela que cada hora de vuelo cuesta a las arcas públicas entre 8.500 y 20.000 euros, en función de la capacidad del avión (menos de 120 plazas o más de 200). El coste por pasajero y vuelo, sea policía o inmigrante, oscila entre los 15 y los 30 euros.

En mayo de 2012, el Gobierno facilitó a IU en sede parlamentaria algunos de los costes de la expulsión. En 2011 echar del país a un inmigrante, es decir, escoltar a un extranjero a un aeropuerto o a un barco, y pagarle el billete de vuelta, tenía un coste medio de 1.807 euros.