La Generalitat ha planteado este lunes la conveniencia de introducir algunos cambios técnicos en la reforma laboral, después de dar a conocer que Cataluña tramitó el año pasado un total de 5.852 expedientes de regulación de empleo (ERE), un récord histórico en número, aunque no en volumen de afectados.

En una rueda de prensa, el secretario de Empleo y Relaciones Laborales de la Generalitat, Ramon Bonastre, ha explicado que el Govern quiere que la reforma laboral contemple el uso de los ERE temporal en el sector público, pues la ley sólo contempla los expedientes de extinción, y minimizar el consumo de la prestación por desempleo de los afectados por un ERE temporal.

Por ello, el Govern trabaja para tener lista una propuesta "en las próximas semanas" y remitirla luego al grupo de CiU en el Congreso para tratar de propiciar modificaciones en una reforma laboral que CiU apoyó.

Bonastre ha destacado que la flexibilidad que ofrece la reforma laboral, al potenciar los ERE temporal en lugar de los despidos, es uno de sus aspectos positivos, si bien se ha mostrado más crítico con otros aspectos: "La crisis va por delante de la ley", ha dicho.

El secretario de Relaciones Laborales ha comentado que la situación económica ha "empeorado" respecto al momento en que se aprobó la reforma laboral -entró en vigor hace un año, el 12 de febrero de 2012-, y que el agravamiento de la recesión "precisaría de una adecuación" de la normativa.

Bonastre ha opinado que el sector público debería poder recurrir al uso de los expedientes temporales y disponer así de fórmulas flexibles que eviten despidos de personal laboral, pues la ley sólo contempla el ERE de extinción.

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, los afectados por un ERE temporal no consumen paro hasta pasados 180 días, un período que Bonastre cree que debería alargarse para que la empresa no se financie a costa del afectado por el ERE.

A pesar de estas propuestas de mejora, Bonastre ha asegurado que es pronto para hacer un balance de los efectos de la reforma laboral, porque si bien admite que no está sirviendo por el momento para crear empleo y de que el contrato para emprendedores está teniendo "una utilización mínima", aprecia en ella algunos aspectos positivos.

Bonastre ha resaltado que, aunque en 2012 se marcó un récord en número de ERE tramitados (un 87 % más que en 2011), disminuyó en relación a años anteriores el número de ERE de extinción. En cuanto al número de afectados también ha crecido en relación a 2011 (+ 48%), si bien queda lejos de los 131.350 de 2009.

Preguntado por sus previsiones para este año, ha comentado que en el sector privado "no ha acabado" el ajuste, algo que evidencia los recientes ERE en empresas como Ercros, Derbi, Arbora y Ausonia o GE Power Controls, pero ha asegurado que todo dependerá de cómo afronte el proceso el sector público.

Si en el sector público se opta por los ERE de extinción, la cifra de ERE subirá en 2013; si se opta por reducciones salariales, de jornada y por no cubrir bajas, "la evolución podría frenarse", ha concluido.

El año pasado el sector donde se tramitaron más ERE fue el de los servicios (3.052, un 52 % del total), aunque la industria copó la mitad de las personas afectadas (37.120, un 52,5 % del total).

Como viene siendo habitual, también la provincia de Barcelona fue la más castigada por los expedientes, debido a la concentración industrial y de población. Se presentaron 4.301 ERE que afectaron a 56.863 personas; en Girona, 585, con 5.999 afectados; en Lleida, 304, con 2.656 personas, y en Tarragona se tramitaron 662 ERE, que implicaron a 4.939 personas.

Bonastre ha recordado que, con la nueva reforma laboral, se elimina la autorización administrativa previa para presentar un ERE, y el papel de la administración queda relegado a la mediación y a supervisar que en el ERE no se cometa abuso de derecho o fraude de ley.

Aún así, ha asegurado que bastantes empresas autorizan la mediación del gobierno catalán en su conflicto laboral, aunque ha lamentado que algunas "no quieran entender" la responsabilidad que tiene la Generalitat ante los conflictos laborales y se limiten a cumplir la legislación.