Así lo sostiene Isabel Ostabal. «Los encontré junto al contenedor de basuras de mi casa.

Ya he avisado a la Junta», explica. Ella alquiló su vivienda con esta compañía intermediaria, que mantiene un convenio de colaboración con la administración autónoma. Viajó desde Zaragoza a su vivienda de Manilva tras ser avisada por la inquilina de que un sumidero del patio estaba obstruido. Cuando Ostabal llegó con la Policía, nadie abrió la puerta. Al marcharse, halló los papeles.

Sin garantías

«Mi cliente renunció al cobro de un alquiler a precio de mercado para que la empresa intermediaria y la Junta le dieran garantías ante impagos y desperfectos –subraya el abogado de Ostabal, Iván Magariño–. Y eso es lo que ha ocurrido con los inquilinos que facilitó Aparthocasa».

Ostabal se siente «desprotegida». Sostiene que los inquilinos «plantaron marihuana», tenían un perro –algo prohibido por el contrato– y se retrasan en los pagos. Ella sigue esperando soluciones de la empresa y de la Junta.

Aparthocasa presenta una querella

Aparthocasa reconoce que el contrato de arrendamiento con Ostabal se hizo a favor de una trabajadora de esta agencia «que cumplía los requisitos». Su administrador, Joaquín Beltrán, duda de que la propietaria encontrara la bolsa con documentos junto al contenedor y considera que la propia dueña accedió ilegalmente a la vivienda para coger los papeles. «La documentación estaría en la casa mientras trasladábamos la oficina de Marbella a otro lugar». Aparthocasa se ha querellado contra Ostabal por difamación e injurias y asegura que ella no se ha acogido a las vías establecidas para reclamar por los retrasos en los pagos. Ostabal asegura que sí lo hizo, pero no le atendieron.