El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, considera que, en el caso de que abone la fianza de casi 8,2 millones de euros impuesta por el juez instructor del 'caso Nóos' contra él y su exsocio Diego Torres, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.

Así lo expone en el recurso de reforma que el imputado ha interpuesto contra el auto de responsabilidad civil dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven de este proceso judicial. Tanto Urdangarin como Torres tienen hasta las 23.59 horas de este miércoles para hacer frente al pago.

Y es que, según la defensa del duque, éste se vería "abocado a garantizar a favor de terceros importes que previamente se han abonado tanto a la Hacienda pública como a proveedores y trabajadores relacionados bien con los Congresos de Baleares, bien con los de Valencia".

"Se insiste en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos", asevera el letrado Mario Pascual Vives, quien recuerda que del Instituto Nóos "sólo percibió la sociedad Aizoon —de la que Urdangarin es copropietario al 50% junto a la infanta Cristina—, durante los años 2004 y 2005, el importe bruto total de 706.932 euros".

A juicio del letrado, la cantidad decretada "resulta desproporcionalmente excesiva" y, en caso de resultar la definitiva, "supondría que ninguna de las facturas emitidas por los responsables de las diferentes sociedades y asociación afectadas y aportadas por la defensa de don Diego Torres, y pagadas a terceros, no se computasen, descontándose de la anterior cantidad".

El exsocio de Urdangarin, Diego Torres, asegura que no ataca a nadie sino que lo único que quiere es "defender la verdad", después de que haya trasladado al juez una batería de correos electrónicos que han apuntado a nuevos implicados, como el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga. Así se pronuncia el abogado de Torres en su recurso de reforma contra la fianza impuesta a ambos imputados: "Mi representado no ataca a nadie, ni siquiera tiene eses ánimo, ni ahora, ni antes, ni después, ni de forma directa ni de manera indirecta, como de forma bastarda se intenta colar".

El letrado pide que revoque esta fianza —que tienen de límite hasta la medianoche de este miércoles para pagar— porque su cliente "ni por asomo podía siquiera imaginar que algo irregular pudiera existir", y destaca que los proyectos del Instituto Nóos eran contratos de patrocinio, y por ello no les alcanza la normativa que el juzgado y las acusaciones quieren aplicarles.

Según el recurso, "es cierto que el Instituto Nóos era un ente sin ánimo de lucro, otra cosa es que los profesionales que prestaron servicios para el mismo, bien de forma directa, bien de forma subcontratada a través de otras sociedades (...) no percibieran por su trabajo las contraprestaciones económicas correspondientes".

Insiste en que "no es cierto que se cruzaran facturas, y menos aún que las mismas fueran falsas, pues lo que el Instituto Nóos hacía era subcontratar los trabajos, subcontratación que es legal en todo caso".

En definitiva, sentencia que "los hechos no son, se mire como se mire, constitutivos de una infracción penal de ninguna clase", y defiende que los acuerdos de colaboración con los gobiernos de la Comunitat Valenciana y Balears tuvieron un notable éxito social y económico.