El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, advierte de que podría acudir al Tribunal Constitucional por haberse vulnerado su derecho de defensa, en el escrito en el que recurre la fianza de 8,1 millones impuesta por el juez que investiga el desvío de fondos del Instituto Nóos.

En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Urdangarin pide al juez instructor que retire la fianza de 8,1 millones que se le ha impuesto a él y a su exsocio Diego Torres, aunque la impugnación no paraliza el plazo para hacer efectiva la suma exigida, que precisamente termina este miércoles.

El abogado del duque de Palma argumenta en su escrito que durante la instrucción del caso se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que "no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa".

"Esa vulneración del derecho de defensa recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución se denuncia aquí y ahora, a los efectos de que pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno, ante la sala de la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional", advierte el recurso.

Para la defensa de Urdangarin, la instrucción de la causa se está "rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española".

Diego Torres también ha presentado un recurso de reforma contra la fianza del juez. El abogado del exsocio de Urdangarin asegura que quien siempre "disponía, decidía y ordenaba" en el Instituto Nóos era el duque de Palma y no su defendido, por lo que rechaza la fianza de responsabilidad civil de casi 8,2 millones impuesta de forma solidaria a ambos en el llamado caso Nóos.

El letrado dice que el duque de Palma introducía a amigos suyos en los negocios de Nóos y cita como ejemplo al empresario Joaquín Boixareu, imputado en esta causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos de las administraciones balear y valenciana al Instituto Nóos.

El abogado, Manuel González Peeters, considera que el auto en el que impone la fianza el juez parte de premisas erróneas y llega a conclusiones equivocadas al "seguir a pies juntillas lo propuesto por el Ministerio Fiscal". También rechaza la "calificación jurídica" que hace el juez de los hechos que se investigan.

Como ya hizo en un escrito que presentó ante el juez para apelar contra la petición de fianza de la Fiscalía, el defensor de Torres subraya que la mayoría de directivos que conformaban la cúpula de Nóos eran personas del entorno de Iñaki Urdangarin.

González Peeters detalla que cuando se constituyó la entidad el duque de Palma ocupó la presidencia, Torres era vicepresidente, Miguel Tejeiro secretario general, Carlos García Revenga tesorero y la infanta Cristina vocal, por lo que Torres no tenía "ningún poder de decisión" al estar "en franca minoría".

El abogado asegura que Torres "no ataca a nadie" ni tiene esa intención, sino que defiende "la verdad". Añade que su defendido nunca pudo pensar que el Instituto Nóos pudiera estar haciendo nada irregular cuando contaba "con tan altos, dignos y bien formados partícipes" y con un "ejército de asesores de todo tipo", y subraya que "el proyecto era de Iñaki Urdangarin".

El abogado se refiere a un artículo periodístico que le acusa de atacar a la Casa del Rey y niega, "ni por asomo", tener la "pretendida táctica" de vincular a la Corona con las actividades profesionales del duque de Palma. Insiste en que su intención es "defender la verdad".

Entre las discrepancias con el juez, el letrado niega que se actuara en contra de la legalidad vigente o que se cruzaran facturas entre empresas del entramado de Nóos, y señala que el Instituto Nóos sí que era un ente sin ánimo de lucro.

Además, González Peeters califica de "desmemoriados" o víctimas de amnesia a varios testigos que negaron ante el juez tener relación con eventos organizados por Nóos como los congresos turísticos Illes Balears Fórum y presenta varias fotografías en los que aparecen en una celebración que tuvo lugar durante uno de esos encuentros.

El abogado critica que el juez incluya como parte de la fianza reclamada todo lo cobrado por el Instituto Nóos, incluidos los gastos que realizó y se le han reconocido, así como el IVA consignado en los contratos y los salarios percibidos por los trabajadores con lo abonado en Seguridad Social e IRPF.

Niega que el Instituto Nóos cometiera algún delito y asegura que en todo caso Diego Torres no sería autor de los hechos que se investigan sino "todo lo más partícipe".