La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, ha dado traslado a los grupos parlamentarios su propuesta sobre el régimen de visitas, en la que fija que, en el caso de que se produzcan "alteraciones del orden" durante el transcurso de un pleno, los servicios de seguridad remitirán un testimonio de los hechos a la Mesa del Parlamento para "su traslado a la autoridad judicial". Los grupos tienen de plazo hasta las 14.00 horas de este miércoles para hacer llegar su postura.

Además, en ella se incluye el deber de que los invitados firmen unas normas de comportamiento parlamentario si quieren entrar en el hemiciclo gallego para presenciar un pleno. De no hacerlo, tal y como figura en el escrito que ha remitido la jefa del Legislativo, y al que ha tenido acceso Europa Press, los invitados podrán seguir el desarrollo de la sesión desde las instalaciones del grupo parlamentario por el que han tramitado el convite.

Asimismo, en el caso de expulsión del salón de plenos por desorden en las tribunas, los invitados "no podrán asistir a la Cámara en el resto de la legislatura", sin perjuicio de otras consecuencias previstas en el reglamento, aunque sí tendrán derecho a acceder a los locales de los grupos, "previa invitación" de las fuerzas parlamentarias.

Este borrador, con siete puntos, especifica que los invitados "deberán abstenerse de portar pancartas, estandartes o emblemas de todo tipo que contengan mensajes que no respeten el comportamiento previsto" en Reglamento del Parlamento en su artículo 109, relativo a los invitados.

En este artículo, se prevé que "cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella, promueva desorden grave con su conducta de obra o palabra, será inmediatamente expulsada".

Además, según lo dispuesto en este apartado, el presidente tiene el deber de "velar", en las sesiones públicas, por el mantenimiento del orden en las tribunas. En este sentido, la Presidencia de la Cámara puede indicar la expulsión de quien "perturbe" el orden o falte a la debida compostura y, de ocurrir, los servicios de seguridad de la Cámara pueden levantar las diligencias oportunas, "por si los actos producidos pudiesen ser constitutivos de delito o falta".

Consecuencias para los grupos

El documento trasladado por Pilar Rojo, elaborado junto a los servicios jurídicos de la Cámara, también propone responsabilidades para los grupos parlamentarios, que serán "responsables" de dar "cumplida información a los invitados" del articulado del Reglamento en lo relativo a los invitados dentro del recinto del Pazo do Hórreo.

De esta manera, los grupos parlamentarios tendrán consecuencias si sus invitados son expulsados del hemiciclo, y, concretamente, se quedarán sin cupo de invitados en la siguiente sesión.

"En caso de reincidencia, el cupo se perderá, como mínimo, para un periodo de sesiones o tiempo equivalente", añade el texto.

Incidentes que originaron las medidas

El desencadenante de estas medidas fueron las protestas de afectados por las participaciones preferentes que ocurrieron el pasado mes de diciembre en el hemiciclo gallego, y cuando se llegaron a escuchar amenazas y que "correría sangre".

Así, la presidenta se reservó la potestad de eliminar los cupos de visitas a los grupos, es decir, si antes tramitaba las listas que le hacían llegar las distintas formaciones, ahora decidiría ella quién entraba y quién no.

Esta decisión causó el rechazo de toda la oposición en bloque, lo que la llevó a abandonar el pleno de presupuestos que se celebró la semana pasada. Además, diputados de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y del BNG acompañaron a sus invitados hasta la tribuna, de donde fueron desalojados al exhibir pancartas y pedir trabajo para el naval.

Lo ocurrido fue calificado por la presidenta como un "atentado a una alta institución" y desembocó en una reunión con todos los grupos el pasado viernes, para tratar de alcanzar un acuerdo por escrito sobre las visitas.

Este martes, en la Xunta de Portavoces se volvió a abordar esta cuestión, pero no se alcanzó un acuerdo concreto, el cual, en todo caso, no tiene que volver a pasar por este órgano, si bien sí que ha sido preceptivo oír a todas los representantes en la Cámara autonómica.

Rechazo de la oposición

En todo caso, y antes de conocer la propuesta que les ha hecho llegar por escrito la presidenta de la Cámara, los grupos de la oposición —PSdeG, AGE y BNG— ya avanzaron su rechazo a establecer más medidas en la sede del Legislativo.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Abel Losada, se ratificó en los argumentos dados en días pasados para señalar que los socialistas están a favor "del orden", pero "no del control político" de las visitas al Parlamento, motivo por el que también demandó de la Presidencia "sensibilidad" con los ciudadanos.

Su homólogo AGE, Xosé Manuel Beiras, ha puesto de manifiesto que "los ciudadanos se sienten cada vez más agredidos" y por ello "se indignan". En este punto, ha incluso avanzado la disposición de su grupo a promover que se impulse una iniciativa legislativa popular para cambiar el Reglamento del Parlamento, con el fin de que "los derechos constitucionales" no estén mermados en la normativa de la Cámara.

También el nacionalista Francisco Jorquera considera que el PP "hace una lectura equivocada" sobre las protestas en la Cámara, ya que "no obedecen a una táctica conspiratoria, sino son simplemente un reflejo de una realidad".

Sin embargo, para el portavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, "todos están de acuerdo en mantener la dignidad de la Cámara, pero no en qué significa" ese concepto, al tiempo que ha arropado las medidas que tienen como fin mantener el orden parlamentario.