El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado este lunes que la Fiscalía será "extremadamente beligerante con cualquier caso de corrupción", sobre todo la política, y activará "todos los mecanismos de investigación" para llegar "hasta el final". Torres-Dulce se ha referido así a las informaciones que apuntan a una posible financiación ilegal del PP, con sobresueldos o pagos en negro.

Tras opinar que la corrupción "es un verdadero cáncer que está corroyendo el sistema democrático", ha anunciado que la posición del Ministerio Fiscal será "activar todos los mecanismos de investigación, mediante declaración y aportaciones periciales o documentales ante la Agencia Tributaria, para que queden esclarecidos los hechos y, si son constitutivos de delitos, seguidlos hasta el final".

El fiscal ha asegurado que entiende el malestar social por los posibles casos de corrupción política. Ha incidido en que "la respuesta debe ser absolutamente clara, nítida y, dentro de las dificultades procesales, lo más rápida posible. Es un interés social de lucha contra la corrupción absolutamente prioritario para el Ministerio Fiscal", ha aseverado.

Torres-Dulce ha confirmado que la Fiscalía acaba de publicar una circular en la que se recoge toda la jurisprudencia existente hasta el momento en lo referido a intervenciones o pinchazos telefónicos "para coordinar la actuación del Ministerio Fiscal, y siempre desde el más estricto equilibrio entre la persecución de los delitos y el respeto de los derechos de los ciudadanos".

Al ser preguntado por la intervención de comunicaciones en el 'caso Bárcenas', el fiscal ha explicado: "No es que se vayan a autorizar ahora pinchazos telefónicos, sino que en este momento en todo el territorio nacional existen actividades procesales que afectan a interceptaciones de comunicaciones".

Finalmente, ha matizado que esto siempre se hace "con el respeto debido al derecho a la intimidad" y al resto de derechos protegidos por la legislación vigente y la Constitución. Torres-Dulce ha recordado que "quien autoriza la interrupción de la comunicaciones es siempre el Ministerio Fiscal y lo puede hacer a instancia de cualquiera de las partes personadas en el proceso" y las fuerzas y cuerpos de seguridad.