El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido que el Ayuntamiento que dirige no tiene ninguna deuda con el vecino municipio de Torremolinos y sí al contrario. En este punto, ha recordado que, "ante el silencio y la respuesta huidiza" del Gobierno local que preside su compañero del PP Pedro Fernández Montes, "no tuvimos más remedio" que solicitar el pasado mes de julio la ejecución de la sentencia para el pago de los más de 16 millones de euros que la antigua barriada debe a la capital por los servicios prestados durante su segregación.

Frente a los argumentos de Torremolinos acerca de que quien debe es el Consistorio malagueño, aludiendo a cuestiones como que los ingresos que aportó antes de su segregación eran superiores a lo que Málaga gastaba en la barriada o que el coste del agua que suministraba a la capital era mayor que la deuda a la que hace referencia la sentencia, De la Torre ha dejado claro que la capital "no debe nada de lo que se dice".

Para el regidor malagueño, los planteamientos sobre el abastecimiento hídrico y otros aspectos defendidos por Fernández Montes "no responden a la realidad". No obstante, al ser preguntado sobre esta cuestión en una entrevista a Europa Press, ha precisado que no es su intención entrar en una nueva polémica, sino que "me limito a cumplir lo que es mi obligación".

De la Torre ha hecho hincapié en que "hemos tratado de dar muchísimas facilidades, además de tiempo, para que se abordara este tema"; sin embargo, ha lamentado "no haber encontrado más que el silencio y la respuesta huidiza, sin dar la cara en esta cuestión".

Después de que el pasado julio el Ayuntamiento de Málaga solicitara al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución de la sentencia, no ha habido respuesta positiva a esta reclamación de pago por parte del Consistorio de Torremolinos. Al contrario, presentó ante el alto tribunal andaluz un recurso extraordinario de revisión con el objetivo de dejar en suspenso esa petición y que el proceso judicial volviera a su origen para demandar así a la capital el dinero que, a su juicio, ésta le adeuda.

El primer edil malagueño ha insistido en que "no tuvimos más remedio, después de dar unos plazos, que pedir la ejecución de la sentencia; hemos hecho lo que teníamos que hacer". Y sigue manteniendo, incluso, que el pago de esa deuda se podría hacer de forma aplazada, aunque, llegados a este punto, ha añadido que se hará como "el juez lo estipule y considere oportuno".

Aunque ha incidido en que "este pleito no lo iniciamos nosotros, sino que se llevó a los tribunales en la etapa de Pedro Aparicio (PSOE) y ha culminado en ésta", ha subrayado que la cuestión es que "tenemos una sentencia a nuestro favor y lo que se ha hecho era lo que teníamos que hacer".

FLEXIBILIDAD

"Nos hemos encontrado con un pleito ganado por el Ayuntamiento de Málaga y perdido por el de Torremolinos", ha declarado, recordando que ofreció a su homólogo torremolinense, "con toda la flexibilidad del mundo, pagos en muchos años para que fuera asumible". Sin embargo, al no haber obtenido respuesta, "no hemos tenido más remedio que decir que se cumpla" la sentencia del TSJA.

Ha hecho referencia también a las críticas en su momento de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE e IU, acerca de que actuó "con retraso" en este tema y ha subrayado que "a cualquier Corporación, sea del mismo color político o no, se le da un tiempo". "Más dinero nos debe la Junta de Andalucía y no la llevamos a los tribunales", ha apostillado.

El alcalde de Málaga concedió en mayo de 2012 al Ayuntamiento de Torremolinos un plazo de 60 días para abonar esos más de 16 millones de euros —casi 10 millones, a los que se suman los intereses devengados— o para negociar un plan de pago. Al cumplirse el ultimátum el pasado mes de julio sin haber obtenido respuesta, se solicitó al TSJA la ejecución de la sentencia de 2007 —ratificada por un auto del Tribunal Supremo en 2008—.

De la Torre llegó a ofrecer a Torremolinos el fraccionamiento en hasta 20 años del pago de la deuda por los servicios de limpieza y recogida de basuras prestados durante su segregación y conversión en pueblo en 1988, mostrándose abierto, incluso, a la posibilidad de que parte de esa cantidad se hubiera podido satisfacer con solares.