Según se recoge en el borrador del anteproyecto de la Ley de Acción Exterior, las comunidades autónomas podrán abrir oficinas en el extranjero para promocionarse pero tendrán que informar previamente al Gobierno.

El Ministerio de Hacienda deberá hacer un informe sobre si la propuesta autonómica responde al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Dicho documento "tendrá carácter vinculante cuando se trate de Comunidades Autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria".

De este modo, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha ofrecido a las autonomías que instalen sus oficinas en el exterior dentro de las Embajadas para ahorrar costes cuando así lo permita la disponibilidad de espacio en la legación.

El anteproyecto de ley también recoge la posibilidad de que el Gobierno pueda "exigir el reembolso" del dinero público desembolsado para pagar el rescate o asistencia de ciudadanos españoles en el exterior cuando éstos se hayan expuesto "voluntariamente" a una situación de riesgo.

"Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia o rescate en el extranjero que comporten pagos a terceros con cargo a los recursos presupuestarios del Estado podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje (...) o de los que hubiera podido tener conocimiento por cualquier otro medio", reza el artículo 24 de la norma.

En la actualidad, dos cooperantes españolas de Médicos sin Fronteras permanecen secuestradas en Somalia, después de que otros dos cooperantes raptados en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) fueran liberados en julio pasado.

Margallo, cuya intención inicial era haber presentado el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación antes del verano, reconoció el miércoles pasado que las negociaciones en torno al borrador de la norma que su departamento tiene preparado desde hace "cinco meses" no están siendo "en absoluto sencillas".

Admitía que su propuesta no contaba aún ni con el consenso dentro de la Carrera Diplomática ni con el resto de otros Ministerios a los que afectaría la ley. En un desayuno informativo, revelaba que "casi todas" las observaciones que otros departamentos han presentado al borrador  "tienen carácter corporativo".

Las pegas que otros Ministerios ponen a la propuesta de García-Margallo tienen que ver fundamentalmente con la intención del ministro de convertir a las Embajadas en los verdaderos coordinadores de la acción exterior del Estado.

Inspirándose en el modelo del servicio exterior europeo, Exteriores ha propuesto que, de forma paulatina, todas las oficinas de la Administración se vayan integrando en la Embajada y que los diferentes agregados y consejeros dependan orgánicamente del embajador, aunque pueda seguir recibiendo órdenes de los Ministerios de los que procedan.

En aquellas misiones donde se proceda a esta integración, la norma establece que todos los funcionarios tendrán las mismas condiciones de trabajo, en función de su categoría profesional y el puesto que ocupen, en lo relativo a retribuciones, vacaciones y permisos, cobertura sanitaria y asistencia a la escolarización de los hijos, con independencia del departamento del que procedan.

Además, estas nuevas misiones integradas dispondrán de una Sección de Servicios Comunes que integrará al personal de gestión, administrativo y auxiliar, del que ahora se dotan de manera separada los Ministerios, con el fin de reducir costes y reducir la necesidad de contratar personal con esta gestión compartida, que incluye también los recursos materiales, como los coches oficiales.

La propuesta de Exteriores incorpora la posibilidad de integrar a funcionarios españoles en las delegaciones de la UE en el extranjero en los que España no tenga Embajada. Esta fórmula se pondrá en práctica desde primeros de 2013 en Yemen, donde España cerrará su Embajada y pasará a operar desde la delegación europea desde primeros de 2013.

También habla de la posibilidad de crear Misiones Diplomáticas Conjuntas u oficinas consulares con otros socios de la UE en terceros estados, especialmente en aquellos donde no haya delegación europea.

Por otra parte, el texto concede a la Comisión de Exteriores del Congreso la potestad de solicitar la comparecencia, a puerta cerrada, de los embajadores nombrados por el Gobierno para que informen sobre los objetivos de su misión. El Congreso no tendrá capacidad, como ocurre en EE UU, de vetar el nombramiento del embajador.