El Consejo General del Poder Judicial ha encargado a sus técnicos que evalúen los efectos de la aplicación de las nuevas tasas judiciales. A sí lo ha aprobado el pleno por 19 votos a favor, uno en contra del vocal Antonio Dorado y una abstención, aunque ha renunciado a instar acciones para su derogación, tal y como pedía el Consejo General de la Abogacía.

Los servicios de estadística, inspección y análisis realizarán un seguimiento de la entrada en vigor de la ley y determinarán en qué medida incide en la actividad de los órganos jurisdiccionales a los que afecta (todos menos el penal) y sus efectos. Harán, en definitiva, un "diagnóstico".

La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha explicado en rueda de prensa que la medida partió de una petición del presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer, que solicitó que el CGPJ acordara "cuantas acciones estime conveniente" para que el Gobierno "derogue" la ley de tasas "por causar perjuicios e indefensiones irreparables a los ciudadanos".

Bravo ha destacado, que entre las competencias del Consejo está la de "garantizar el buen funcionamiento de los juzgados" y considera que "eso pasa por que el ciudadano tenga accesibilidad a la administración de justicia".

El CGPJ ha recordado que el pasado mes de mayo mostró ya su "preocupación" en aspectos como la "excesiva extensión de la obligación a pagar tasas" y su inclusión en determinados procedimientos, así como lo "desproporcionado" de la cuantía. En ese informe, ha añadido la portavoz, se alertaba además de que la "desproporción" de las tasas pudiera afectar a la tutela judicial efectiva.

Respecto a la petición de Carnicer de que el CGPJ instara a la Defensora del Pueblo y a los grupos parlamentarios para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, Bravo ha señalado que hacerlo sería incurrir "en exceso competencial".