Jueces, magistrados y fiscales, pertenecimientes a varias asociaciones, se han concentrado este viernes en Zaragoza ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para pedir una Justicia "centrada en las personas".

La portavoz de la Sección de Aragón de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Beatriz Muñoz Yangüela, ha sido la encargada de leer un manifiesto, acompañada por el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Aragón (AMP), Francisco Polo Marchador; el presidente Nacional del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado Pérez, el presidente de la Sección Territorial de Aragón de FJI, José Ignacio Martínez, y el coordinador de Aragón de la Asociación Jueces para la Democracia (JpD), Alfonso Ballestín de Miguel.

Los representantes de las asociaciones han presentado diez propuestas con las que esperan "hacer un nuevo llamamiento a todos los responsables de la Justicia, recordando que ésta no puede ser vista como un problema, debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis".

Beatriz Muñoz Yangüela ha indicado que se necesita que "una Justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Una justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica".

En el manifiesto se destaca que la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, tras valorar "la situación actual en la que nos encontramos y preocupados por prestar a los ciudadanos la Justicia de calidad que nuestro sistema constitucional exige" reclama diez medidas.

Proyecto de ley de reforma de la lopj

La primera de ella es la "retirada inmediata" del Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), realizada por el Gobierno central, que "perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica".

Asimismo, se señala que se potencie la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, ya que el CGPJ "debe mantener su actual estructura y competencias, potenciando el Consejo Fiscal", por ello, han mostrado su "rechazo" a "cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial".

También han sostenido la necesidad de autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para "garantizar la independencia dy eficacia del Poder Judicial y de la Autonomía del Ministerio Fiscal".

Las asociaciones judiciales creen conveniente que se aumente el número de la planta con Jueces y Fiscales hasta alcanzar "los parámetros de la media europea, debiendo convocarse anualmente oposiciones con un mínimo de 250 plazas".

"La Justicia debe ser impartida exclusivamente por Jueces y Fiscales profesionales, la sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscales exige la creación de plazas necesarias de Jueces y Fiscales de carrera para terminas de forma progresiva y gradual con la justicia interina", han sostenido.

Entre las reivindicaciones también se encuentra la determinación "definitiva" de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, así como la "aplicación como límite de entrada máximo admisible y con efectos inmediatos. Una vez alcanzada la carga máxima, deberán crearse las nuevas plazas judiciales y fiscales necesarias de forma automática".

Organización judicial y fiscal

Las asociaciones apuestan por "la eficacia y optimización de recursos; nueva demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, creación de Tribunales de Instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales, cuyo actual modelo es ineficaz sin la modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado".

Así, solicitan la adopción de medidas para "paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y las Fiscalías, debido a la ausencia absoluta de medios personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias".

Respecto al Estatuto Judicial y Fiscal, han pedido que se regule "acorde con la especialidad de la función que desempeñan los Jueces como Poder del Estado y los Fiscales en tanto que integrados en el Poder Judicial con autonomía funcional". La retribución económica debe ser "adecuada a la responsabilidad de las funciones desempeñadas".

La última de las medidas que han solicitado ha sido "unas tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas".

Este manifiesto, ha pactado a nivel nacional, ha sido suscrito por los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez; de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol; de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch; del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado Pérez; de la Asociación de Fiscales, José Hidalgo; de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, José María Caballero, y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto.