La fianza civil que el juez del caso Nóos, José Castro, impondrá a Iñaki Urdangarin y Diego Torres podría poner en un aprieto al duque de Palma.

Si el magistrado acepta la petición del fiscal Pedro Horrach, tendrían que desembolsar una cantidad de 4 millones de euros cada uno, una cantidad importante que permitirá a la Policía Nacional seguir investigando si ambos desviaron dinero público a sus respectivas empresas para lucrarse de manera ilegal o si evadieron dinero al fisco.

Actualmente, Urdangarin está acusado de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad documental. El fiscal cree que el exdeportista desarrolló "una actividad delictiva premeditada".

La imposición de estas cantidades es, en argot procesal, una 'medida de carácter real' (económica, monetaria) destinada a garantizar que los imputados cumplen con la responsabilidad civil derivada de la hipotética condena que se derive del proceso judicial, según explica el abogado penalista Álvaro Vidal.

"El afectado responde de la fianza con todos sus bienes presentes y futuros, por lo que estos le pueden ser embargados", insiste el especialista.

La fianza, además, cumple una doble función. Cuando el dinero llegue al juzgado, la Policía investigará su origen. "Si el Duque de Palma dice que ingresa, pongamos, 100.000 euros al año gracias a su sueldo en Telefónica y a un paquete de acciones, tendrá que justificar sus posesiones inmobiliarias y su patrimonio con arreglo a eso. Al aportar la fianza, ocurrirá lo mismo. Si las cuentas no casan, los agentes, que saben hacer muy bien su trabajo, buscarán si el dinero tiene un origen no legal. Llegado el caso, el juez podría dictar un auto de ampliación de las diligencias previas si aparecen nuevos delitos, como la evasión fiscal", explica Vidal.

La fianza civil es distinta a la otra fianza más común, la que se impone para eludir una medida de carácter personal como es la prisión provisional.

"Esta otra fianza se establece a fin de que el imputado no se sustraiga del procedimiento, es decir, que se presente ante el juez cuando se le requiera. Si lo hace, el juzgado puede ejecutar la fianza, que se descontará de la responsabilidad civil si esta llega a establecerse finalmente", añade el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III Jacobo Dopico.

La imposición de este tipo de fianzas es habitual. Además, pese a que el abogado del yerno del rey la ha calificado de "exagerada" no es ni mucho menos la más cuantiosa que ha establecido un juzgado.

En julio de este año, el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez-Bermúdez fijó en 25,8 millones de euros la cantidad que debían depositar cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) imputados por irregularidades en la gestión.

La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya, había impuesto una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Otro imputado en el caso, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, debía aportar 686 millones. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado 933 millones de euros.

Las cantidades de las fianzas civiles deben ajustarse a la cantidad estimada que el juez considere que podría haberse malversado o que serviría para reparar los daños causados. En el caso de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, que tienen 20 días para recurrir, el juez podría optar por rebajar la petición del fiscal a alrededor de 6 millones de euros, ya que la acusación cree que se apropiaron de 5,9 millones de euros de los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares.