La Fiscalía atribuye a Urdangarin y a su exsocio  "una actividad delictiva premeditada"

Iñaki Urdangarin
El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, abandona los juzgados de Palma de Mallorca en una imagen de archivo. (Isaac Buj / EFE)
  • La Fiscalía ha solicitado ya que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres paguen 8.18 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades civiles.
  • El juez del 'caso Nóos' debe decidir ahora si acepta la cantidad o la rebaja; el letrado del Duque de Palma ha vuelto a insistir en que le parece "exagerada".
  • Cronología de la investigación que salpica a Iñaki Urdangarin.

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado desconocer las finanzas de su cliente, por lo que "no sabe" si podría hacer frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros que la Fiscalía ha solicitado para el duque de Palma y su exsocio Diego Torres al juez del caso Nóos.

"Parece que saben ustedes más que yo", ha manifestado a varios periodistas a las puertas de su despacho, reconociendo que prefería no hablar y que tenía "más ganas de estudiar, de conocer y de escribir". Ha añadido que sus conversaciones con Urdangarin "son discretas". Asimismo, ha reiterado que la cuantía de la fianza le parece "exagerada", aunque "no le consta nada" sobre la petición.

La Fiscalía Anticorrupción ha entregado este miércoles al juez su petición para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso. En el escrito, presentado en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, se solicita que se incoe una pieza separada de responsabilidad civil pecuniaria y que ambos imputados presenten la cantidad con carácter solidario de 8.189.448 euros. 

Según el fiscal, Urdangarin y su socio se apropiaron de 6 millones de euros públicosA partir de ahora, el juez debe decidir si acepta la cantidad solicitada tanto por el fiscal y también por la acusación popular, representada por Manos Limpias, o la rebaja a una cantidad que podría rondar entre los 5 y 6 millones de euros, según las fuentes jurídicas consultadas.

En esta causa se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público, de Baleares y la Comunitat Valenciana, entre 2004 y 2007.

La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.

Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.

Aunque la fianza asciende a casi 8,2 millones, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos. Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Actividad delictiva premeditada"

Horrach atribuye a Urdangarin y a Diego Torres, "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

El fiscal solicita el embargo de los bienes de los imputados

Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", lo cual asciende a los 8.189.448 millones de euros que pide de fianza civil.

Así lo ha planteado el fiscal a juez de Palma que instruye el caso Nóos, José Castro, en un escrito de 234 páginas en el que justifica la petición de fianza en la necesidad de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que puedan derivarse de los presuntos delitos investigados.

El representante del ministerio público, según ha indicado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solicita también a Castro que ordene "el embargo de los bienes de estos imputados hasta alcanzar" los citados 8,18 millones de euros.

Horrach argumenta que el Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el propósito de "dar cobertura" al acceso a fondos públicos eludiendo los controles que serían aplicables a entidades mercantiles.

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