El 29 de marzo, la Operación Malaya en Marbella sacó a la luz el caso más escandaloso de corrupción urbanística en un ayuntamiento.

Desde entonces, una sucesión «pelotazos» del ladrillo han salpicado las páginas de los periódicos haciéndonos familiares nombres como Juan Antonio Roca, ‘Paco el Pocero' o Enrique Porto.

Alrededor de un centenar de cargos municipales en activo o que lo estuvieron están imputados o implicados en causas abiertas en diferentes tribunales. Algunos han dimitido, aunque otros siguen aferrados al sillón.

Financiación municipal

La excesiva dependencia que de la financiación a través de recalificaciones de terrenos tienen las corporaciones municipales, en algunos casos, y en otros la falta de escrúpulos de los servidores públicos, han saturado los juzgados españoles.

La Fiscalía General del Estado reconocía en su memoria de 2005 que el urbanismo «constituye una fuente creciente de criminalidad».

Las fiscalías abrieron el año pasado 1.600 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio. En algunas zonas, las investigaciones se multiplicaron por cuatro.

En mayo, seis meses después de tomar posesión, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, reconocía haber abierto 12 diligencias informativas sobre presuntas irregularidades urbanísticas en nueve ayuntamientos, el 20% de los consistorios murcianos.

Actualmente, sólo la Fiscalía Anticorrupción investiga a una decena de ayuntamientos por estos motivos.