El Cabildo de Tenerife ha propuesto este viernes nuevas medidas para "flexibilizar" los procesos de desahucios sobre viviendas habituales y solicita que la normativa se ajuste a la situación de los ciudadanos de tal manera que, entre otras cosas, se aplique desde 2008 con carácter retroactivo y de cambie el umbral de la exclusión social.

El vicepresidente cuarto y consejero insular de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad, José Antonio Valbuena (PSOE), explica en un comunicado que el objetivo final de estas propuestas "están encaminadas a articular todas aquellas modificaciones legislativas que sean necesarias para evitar que se repitan episodios como los que estamos viviendo".

Entre sus propuestas, el Cabildo plantea que las medidas excepcionales que se contemplen para paliar la actual situación que recae sobre los desahucios deben ajustar su duración al contexto de crisis de la economía del país con carácter retroactivo —desde 2008— y hasta un año después del momento en que los indicadores económicos señalen que se ha superado la actual situación.

Asimismo, la definición del umbral de exclusión, que regula los supuestos en que una persona puede ser beneficiaria, deben recoger todas aquellas situaciones de forma que una persona, con el simple hecho de reunir alguna de ellas, ya tendría derecho a un trato diferenciado.

Se propone, por ejemplo, incluir dentro de la definición de riesgo de exclusión a familiares que se estén haciendo cargo de otros miembros que con antelación ya no formaban parte de la unidad familiar al haber estado residiendo en otro domicilio; unidades familiares que tengan a su cargo a algún dependiente y que hagan frente a gastos extraordinarios generados de este cuidado; personas que demuestren estar colaborando en el sustento de familiares y que, sin pertenecer a la unidad que reside en la misma vivienda, destinen parte de sus ingresos a ayudar a dichas personas.

Para ello se tendrán en cuenta el número de personas totales que dependen de unos ingresos determinados y personas jubiladas que aún superando los niveles económicos fijados, demuestren estar costeando servicios de atención personal de tipo sanitario o domiciliario.

También se propone que, cuando la cantidad adeudada sea inferior al 40 por ciento del valor de tasación de la vivienda, no se pueda llevar a cabo ningún tipo de embargo.

Asimismo, señala además que, de forma excepcional, habrá que buscar una salida a las familias que, habiendo sido desahuciadas desde el cuarto trimeste del año 2008, reúnen las condiciones para haberse podido favorecer de las medidas excepcionales que se puedan poner en marcha, por ejemplo aprovechando la bolsa de pisos vacíos de la que disponga el banco para que la familia se pueda reubicar o incluso planteando una reversión de la propiedad adjudicada por el banco en el supuesto de que aún se encuentre en propiedad de la entidad financiera.

SOCIALIZACIÓN

Valbuena recuerda que el acceso a la vivienda, al ser un derecho fundamental de las personas, debe inspirar una socialización del marco normativo que lo regule. La ley hipotecaria y su reglamento de desarrollo, a su juicio, "son un claro ejemplo de un marco legal que, actualmente, no contempla una socialización de la misma, como se está poniendo de manifiesto en los dramáticos casos de desahucios por los que centenares de miles de personas han sufrido en carne propia los efectos de dichos textos".

El consejero recuerda también que al "clamor" en contra de una norma que se está demostrando "claramente injusta" hay que sumar la "valiosa opinión" del Poder Judicial, reclamando un cambio con el fin de frenar la actual situación.

"Lo que está sucediendo es que existe una población que, sin haber originado esta crisis económica, está sufriendo sus efectos con consecuencias mucho más dolorosas que aquellos que realmente la han originado, y la sensación que ha calado entre la ciudadanía es que se ha procedido a rescatar a la banca olvidándonos del rescate de las personas", indica.

Valbuena señala que entre 2006 y 2011 se han producido 400.000 desahucios en toda España, si bien aclara que no todos sobre viviendas habituales, ya que entre estos se encuentran promotores que no lograron vender sus viviendas que han pasado a los bancos.

Actualmente, cerca de 1.800.000 personas están afectadas o tienen problemas para tener su vivienda habitual y casi existen casi dos millones de viviendas vacías en España.

Esfuerzos insuficientes

El consejero insular reconoce que, entre 2008 y 2012, han sido varios los intentos que desde el Gobierno central se han hecho para aliviar la situación por la que atraviesan las personas que están bajo la amenaza de ser desahuciados, pero han sido "insuficientes" porque "dejan todo a la voluntad de la banca".

"Frente al poder de los números tenemos que poner el poder de la acción social y más en situaciones de emergencia social como las que vivimos actualmente", comenta.

En este sentido, indica que, ante un problema de "tal magnitud" y consecuencias, los políticos tienen la obligación de aplicar soluciones "ejemplares" y que no se queden simplemente en un "mero maquillaje superficial". Para Valbuena, estas medidas deben extenderse al conjunto de personas que han visto afectadas por los efectos de la crisis desde que se desató en 2008.