El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, considera que la ejecución de las hipotecas inmobiliarias supone "la muerte civil para muchas familias", por lo que urge a una modificación legislativa que, entre otros aspectos, exija una mayor responsabilidad a las entidades bancarias.

Durán tilda de "salvajada" el proyecto de ley de tasas judiciales, y explica que la situación actual es responsabilidad de "todos", incluidos los ciudadanos, por aceptar –en la mayoría de los casos inducidos por las entidades– un elevado endeudamiento.

La parte más destacada de esta responsabilidad compartida corresponde, a su juicio, a la inacción política y a la tasación sobrevalorada de las viviendas que practicaron bancos y cajas de ahorro antes de la crisis, además de la "alegría" con la que concedieron los préstamos. "Empleando un símil, las entidades bancarias jugaron cinco manos de póquer. Ganaron cuatro y perdieron una, pero es que el riesgo implica que alguna operación no te salga bien. Teniendo en cuenta que van a recibir ayudas públicas, deberían reflexionar sobre su posición y asumir la responsabilidad que tuvieron en la concesión de créditos".

El decano admite que los bancos no tienen "mucho margen", pero reconoce que aún peor es la situación de los ciudadanos, puesto que no pueden pagar las hipotecas. "Actualmente, la ejecución de la hipoteca supone la muerte civil para muchas familias, puesto que no solo pierden su casa sino que les embargan un porcentaje de lo poco que ingresan para seguir pagando, y esto se alarga durante toda la vida", señala.

La situación, favorecida también por consumidores que aceptaron una hipoteca casi tan elevada como su sueldo en la que incluyeron "un coche y un viaje al Caribe", requiere "voluntad política" y colaboración de "todos los sectores jurídicos". En este sentido, el Colegio de Abogados de Valencia ha redactado una proposición para reformar la ley hipotecaria que remitirá a los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso, donde los partidos han llegado a un acuerdo para emprender esta modificación.

El decano apoya esta modificación legislativa pero es abiertamente contrario a otros proyectos en trámite, como la ley de tasas judiciales, que a su juicio constituye un "auténtico golpe al Estado de Derecho"."Es como si para subir a un quirófano te pidieran 300 euros, el proyecto es una salvajada", manifiesta Durán, que rechaza los "lamentables" argumentos disuasorios y de descarga de trabajo alegados por el Gobierno, puesto que no cree que sea legítimo gravar un servicio público para descongestionarlo.

"La Administración de Justicia se sustenta con los Presupuestos", remarca el decano, quien sospecha del objetivo recaudatorio de este proyecto y sitúa el verdadero problema de la justicia española, que se encuentra en un estado "alarmante", en la falta de rédito político.

"La Justicia no da votos. La carga de trabajo de los jueces es increíble, pero no existe voluntad política de sentarse a definir la Administración que queremos tener, y lo peor es que no se dan cuenta de que si la Justicia no funciona bien, la sociedad está perdida", lamenta.