El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apeló ayer en el Congreso al "don de la oportunidad" del PNV para que no pidan ahora la transferencia de instituciones penitenciarias a Euskadi, que no se traspasarán al estar afectada por ello "intereses determinantes de la seguridad del Estado", dijo el presidente.

Hoy, el consejero vasco de Justicia insistió en pedir la transferencia y anunció que el Gobierno Vasco se va a replantear la colaboración que mantiene con el Gobierno central para aplicar programas sanitarios y educativos en las cárceles vascas.

En una comparecencia de prensa, dijo que por "respeto a la legalidad" y "especialmente como elemento favorecedor del proceso de paz", se requiere "una política penitenciaria acorde con los derechos humanos".

Se refirió a la "excusa" aducida por Zapatero para no proceder a a la transferencia, los "intereses determinantes de la seguridad del Estado", y dijo que esta afirmación es "enormemente grave y preocupante".

Para Azkarraga, estas manifestaciones "insultan" a la Administración vasca, al "cuestionar nuestra capacidad para gestionar las cárceles de acuerdo, entre otros, a todos los parámetros exigibles de seguridad".

"Se ofende a las instituciones cuando se nos acusa de poner en riesgo la seguridad del Estado si llegamos a ejercer una competencia que nos es atribuida por la Constitución y el Estatuto", añadió.

El consejero de Justicia recordó que el Gobierno vasco, a través de la Ertzaintza, ejerce la competencia en seguridad ciudadana y que este mismo cuerpo es el encargado de ejecutar, con "la máxima responsabilidad y eficacia", la seguridad en el exterior de las prisiones y los traslados de presos, "sin que en ningún momento se haya puesto en peligro la seguridad del Estado".

Pidió a Zapatero que no colabore en el "ninguneo político al Gobierno Vasco" y le dijo que "no debe confundir el apoyo incuestionable y total del mismo y de los partidos que lo sustentan al proceso de paz y normalización política con una sumisión silenciosa ante decisiones unilaterales".

Azkarraga añadió que los "intereses partidistas" que imposibilitan esta transferencia constituyen además un "menosprecio a la población reclusa, cuyos derechos se están viendo afectados de manera negativa".

Azkarraga detalló que a lo largo del próximo mes se va a reflexionar sobre el "futuro de la cooperación interinstitucional" en esta materia para poder responder a la pregunta de "si tiene sentido mantener la cooperación con un Gobierno que, de manera continuada, incumple sus compromisos".

Aclaró que se intentará que las decisiones "determinantes" que se puedan adoptar tras esta reflexión "no influyan" en la situación de los internos, aunque concluyó que "todas las posibilidades" están abiertas. No estamos dispuestos a hacer el tonto", concluyó.