El PP propone en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 retrasar un año la entrada en vigor del pago obligatorio de cuota por contingencias profesionales por parte de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social que se den de alta a partir del próximo 1 de enero.  

Según consta en su propuesta, la situación económica actual y la necesidad de fomentar el autoempleo y el emprendimiento hacen necesario "mantener transitoriamente" la voluntariedad en el pago de las coberturas por contingencias profesionales en los trabajadores por cuenta propia.

Así, se retrasa hasta el 1 de enero de 2014 la obligación de cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a todos los Regímenes de la Seguridad Social, tiempo durante el cual seguirá vigente el régimen actual.

De esta manera se les evitará "el sobrecoste que supone el tener que pagar obligatoriamente la cuota por contingencias profesionales, además de la cuota ordinaria", justifican el grupo.

Por otra parte, el PP precisa con otra enmienda la edad de cobro de la prestación equivalente a la jubilación en el caso de partícipes sin posibilidad de acceso a dicha situación.

Así, a partir de ahora queda fijado en los 65 años el momento en que se puede acceder a dichas prestaciones, mientras que hasta ahora la definición era mucho más imprecisa, limitándose a "la edad ordinaria de jubilación".

En otro orden de cosas, el PP ha presentado una enmienda en la que se autoriza al Estado a "retener o deducir" de las transferencias autonómicas una parte de los importes que se hayan comprometido mediante la participación en mecanismos de adquisición o instrumentos de compra centralizada.

"La finalidad es facilitar el cobro de los proveedores en los supuestos de adquisición mediante centrales de compras u otros instrumentos de cooperación entre administraciones públicas", explica el partido, que con su enmienda recuerda que la Ley de Estabilidad Financiera impide que el Estado pueda responder de las obligaciones asumidas por otros niveles de la administración.

Por eso, se le permitirá que —previa autorización de la comunidad autónoma— retenga parte de los importes derivados de las compras centralizadas a cuenta de cada administración en las transferencias previstas en el sistema de financiación autonómica.