Supuestos agentes de los Mossos infiltrados en la protesta frente al Parlament
Supuestos agentes de los Mossos infiltrados en la protesta frente al Parlament.

La asociación Jueces para la Democracia considera "inconstitucional" impedir la "captación, tratamiento y difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones", una idea que este jueves anunciaba el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

El Ministerio del Interior matizó que la próxima reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no impediría grabar y tomar fotos en manifestaciones. El propio Cosidó añadió que se garantizará "el derecho a informar" y defendió que se trata de "buscar un equilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los de las fuerzas de seguridad".

La asociación judicial progresista recuerda al Gobierno que cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional de comunicar y que la sociedad tiene derecho a recibir información, según lo recogido en el artículo 20 de la Carta Magna. Además, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, apeló a la situación de indefensión que la reforma dejaría a los ciudadanos "en el caso de que se produzcan excesos policiales, que no podría defenderse, alegar y plantearlo en los tribunales".

Lareforma puede hacer que sea el agente el que juzgue, sentencie y ejecute la prohibición, sin garantías para el ciudadano que está grabandoLa asociación judicial de tendencia más conservadora, Francisco de Vitoria, "no ve ninguna necesidad a esta reforma" que, según su portavoz José Luis González Armengol,  "responde a un principio de oportunidad". Además, plantea que será "inviable" que no sean grabadas imágenes genéricas.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Jacobo Dopico, tilda la prohibición "de captar y difundir imágenes de la Policía" en el ejercicio de sus funciones de "barbaridad dictatorial". Dopico se muestra preocupado por cuanto la reforma pueda hacer que sea el agente el que "juzgue, sentencie y ejecute" la prohibición, sin garantías para el ciudadano.

Los expertos consultados atribuyen este anuncio a las críticas por las actuaciones policiales del 25-S que se derivaron de los numerosos vídeos que se grabaron esa noche en Madrid, así como a la difusión en redes sociales de las imágenes de agentes policiales infiltrados a cara descubierta en las manifestaciones. Todos concluyen, sin embargo, que el derecho a la intimidad y contra las amenazas o insultos "ya están garantizados" con las leyes actuales.

"Es muy grave", insiste Dopico, "Estamos en un país en el que hace no muchos años teníamos amenazas de muerte reales para guardias civiles y policías. Y resultaba que en esa situación teníamos claros los límites de derecho y teníamos claras las actuaciones. Cuando resulta que no existe el riesgo que han arrastrado las fuerzas de seguridad y cuando se cuestiona la actuación de cierto sector de la Policía se pretende un blackout (apagón) informativo."