Para ello propone un «empadronamiento por omisión». Este mecanismo (previsto en el Reglamento de Extranjería) permitirá la inscripción en el padrón «aportando como prueba documentos públicos fehacientes» que acrediten la presencia en España antes del 8 de agosto de 2004.

La propuesta ha sido trasladada al Consejo de Empadronamiento, dependiente del INE, que deberá decidir ahora qué documentos podrán ser aportados para obtener el certificado de empadronamiento; un requisito que, según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, continúa siendo «imprescindible» para obtener la regularización, junto con tener un contrato laboral y carecer de antecedentes penales.

El 7 de mayo finaliza el plazo del actual proceso de regularización de inmigrantes sin papeles. En los dos primeros meses se han presentado 300.000 solicitudes.