La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha anunciado que la Junta va a realizar las modificaciones normativas necesarias para que las familias procedentes de desahucios por haber sufrido un procedimiento de ejecución hipotecaria sean incluidas dentro de los colectivos de atención preferente para facilitarles el acceso a una vivienda protegida.

La consejera ha aprovechado el acuerdo al que han llegado PP y PSOE sobre esta misma cuestión para avanzar que el Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha esta medida "en el plazo máximo de dos o tres meses".

La consejera ha explicado que lleva varios meses trabajando en realizar una reforma "más amplia y ambiciosa" encaminada a agilizar los procedimientos de adjudicación para poder cambiar las calificaciones de las viviendas protegidas (que son viviendas legalmente en compra) y puedan ponerse en alquiler.

Esta medida será beneficiosa para los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de una ejecución hipotecaria y van a ser desahuciadas, pero también para otros colectivos "que tienen esa necesidad de atención preferente", ha asegurado García de la Calzada.

La consejera ha reconocido que en los últimos años se ha incrementado de manera "muy importante" el número de ejecuciones presupuestarias ligadas a la situación de crisis económica y a la de desempleo.

De este modo, ha especificado que "si en 2007 en Castilla-La Mancha las ejecuciones hipotecarias fueron de 1.235, en el 2008 sumaron 2.845, en el 2009 crecieron un 65 por ciento más que en el año anterior, hasta las 4.720, y en el año 2010 se sigue manteniendo ese récord de ejecuciones hipotecarias, siendo la cifra de 4.681".

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