La Fiscalía de Madrid recurrirá la inhibición de la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid en favor de la Audiencia Nacional en la causa de los 34 detenidos por los incidentes ocurridos el 25-S durante la protesta "Rodea el Congreso".

Cree que cometieron un delito contra altas instituciones del EstadoLa Fiscalía presentará un recurso de reforma por entender que tan solo 7 de las 34 personas que estaban imputadas en esta causa han realizado actos que pueden ser calificados como un delito contra altas instituciones del Estado (artículo 494 del Código Penal).

En su opinión, protagonizaron e instigaron un "intento de asalto al Congreso", aunque la convocatoria invitaba únicamente a manifestarse en torno a la Cámara mientras los diputados participaban en una sesión en su interior. Para el resto de detenidos, solicita procesamiento por desórdenes públicos, desobediencia o atentado a la autoridad.

El criterio de la Fiscalía choca, sin embargo, con el del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que este jueves archivó la acusación contra ocho de los señalados como promotores de la protesta (uno más que los que presenta el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix) al entender que las manifestaciones no perturbaron el normal funcionamiento del Congreso de los Diputados. El diario de sesiones de la Cámara Parlamentaria, examinado por Pedraz, tampoco cita ninguna alteración en el normal desarrollo del debate durante esa tarde.

En su auto, Pedraz asegura, además, que la Policía cometió "excesos" a la hora de querer imputar este delito a los participantes en el 25-S, ya que en los informes de las detenciones ni si quiera mencionó el tipo penal que luego quiso imputar a los acusados.

Respecto al resto de detenidos, aquellos cuyo caso no fue enviado a la Audiencia Nacional por la juez de instrucción de Plaza de Castilla, la titular les dejó en libertad acusados de disturbios y atentado contra los agentes.