En plena crisis inmobiliaria, no será el Estado quien se ponga a levantar ladrillos. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son austeros, muy austeros, como toca en tiempos de crisis; y esa austeridad alcanza a la política pública de vivienda.

Según el proyecto de ley de Presupuestos para 2013, la política de vivienda contará con una dotación de 765,88 millones de euros en el ejercicio 2013, lo que supone un descenso del 6,6% en comparación con 2012.

El texto asegura que "el mayor volumen" de este capítulo corresponde al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con los beneficiarios de los sucesivos planes de vivienda de los últimos años.

No obstante, el Gobierno ratifica su voluntad de cambiar el modelo de política de vivienda que se ha venido desarrollando en los últimos ejercicios a través de un plan con un horizonte de ejecución 2013-2016.

El Presupuesto de Vivienda para 2013 contiene también el pago de la ayuda al alquiler, la denominada Renta Básica de Empancipación, a los beneficiarios que ya tenían reconocido ese derecho cuando el pasado año el Gobierno decidió suprimir esta ayuda a nuevos perceptores.

Los PGE aseguran asimismo dotaciones presupuestarias para acciones como son la remodelación de barios mediante la suscripción de convenios con distintas administraciones, estudios de investigación en arquitectura y vivienda, iniciativas de rehabilitación patrimonial o normas de calidad en la edificación.