El anteproyecto de reforma educativa no universitaria aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros –el séptimo de la Ley de Educación en democracia– ha levantado polémica entre la comunidad educativa. Desde la plataforma cívica yoestudieenlapublica.org han lanzado su respuesta al texto con una recogida de firmas desde la página web: stopleywert.org.

La protesta se basa en varios puntos, que se resumen en la crítica de que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) tiene un carácter «profundamente antidemocrático». La reforma refuerza las asignaturas básicas, reduce optativas y vías formativas e implanta nuevas pruebas de evaluación unificadas en el ámbito nacional: fin de la selectividad, pero más exámenes previos.

«Ha de abrirse un proceso de diálogo sosegado y profundo con la comunidad educativa [profesorado, estudiantes y familias]», sostienen los creadores de la plataforma, que apunta a que con la nueva reforma «el consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas». Ciudadan@os por la Educación Pública tiene claro además su rechazo ante la «concepción mercantil de la educación, que antepone las necesidades de los mercados a la formación integral de niñas y niños».

La plataforma denuncia también que el texto utiliza la educación como herramienta "para la segregación y exclusión", y asegura que la reválida se convierte «en método obsesivo de clasificación, etiquetaje y encasillamiento del alumnado, al tiempo que un mecanismo de control del currículo».

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, explicó el pasado viernes que, entre otras cosas, con la reforma el Gobierno central aumentará su capacidad de fijar los contenidos educativos hasta el 65% en el caso de las comunidades con lengua cooficial y al 75% para el resto, cuando hasta ahora corresponden el 55 y 65% de los contenidos curriculares, respectivamente. Uno de los objetivos del Gobierno es el de reducir la tasa de abandono escolar.