Los supuestos sobornos de diputados de cuatro partidos brasileños en el primer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, negados a rajatabla por su Gobierno, fueron considerados probados este lunes por el juez instructor del llamado "juicio del siglo".

En una nueva audiencia del proceso que comenzó el pasado 2 de agosto, el instructor Joaquim Barbosa sostuvo ante los otros nueve miembros del Tribunal Supremo que "hay harta documentación y no hay dudas de la existencia de un esquema de compra de votos" que operó entre 2003 y 2005, los dos primeros años del primer mandato de Lula.

La tesis defendida por Barbosa será debatida durante las próximas sesiones por los otros magistrados, que por mayoría deberán decidir si respaldan su convencimiento o, por el contrario, si aceptan los argumentos de la defensa, que sostiene que los pagos a diputados de cuatro partidos políticos eran para cubrir deudas de campaña.

Si la mayoría de los magistrados se inclinase por los alegatos de la defensa, todo el asunto quedaría reducido a violaciones de leyes electorales ajenas a la órbita penal y además ya prescritas.

Según concluyó el Supremo en las fases anteriores del juicio, el dinero que alimentó las corruptelas se obtuvo en parte en organismos públicos, que atribuían contratos a agencias de publicidad de Marcos Valerio Fernandes, quien figura entre los 37 acusados junto con dos socios, todos ya declarados culpables por otros delitos.

Los recursos acababan en el Partido de los Trabajadores (PT), que había llevado a Lula al poder en las elecciones del 2002 y que a su vez los usaba para financiar campañas y también, como creyó probado Barbosa, para "comprar" la mayoría parlamentaria que el Gobierno no había conseguido en las urnas.

Como beneficiarios de los sobornos están implicados un dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), tres del Partido Progresista (PP), tres del Partido Laborista Brasileño (PTB) y cuatro del actual Partido de la República (PR), nacido en 2006 tras la extinción del Partido Liberal (PL), vinculado a la trama.

Estos cuatro partidos fueron parte de la coalición que respaldó a Lula y ahora integran la base oficialista de su sucesora y pupila política, Dilma Rousseff.

Barbosa hizo un detallado relato del caso apoyado en documentos presentados por la acusación y sostuvo que el dinero, que siempre se entregaba en efectivo, sumó en ocasiones "miles de reales y en otras, millones".

También apuntó que, según datos cruzados en la investigación, los pagos ocurrían poco "antes, durante o después" de que fueran votados proyectos de interés del Gobierno de Lula en la Cámara de Diputados. Citó los casos de una polémica reforma tributaria aprobada en septiembre de 2003 y una iniciativa similar que introdujo cambios en el régimen de jubilaciones y fue votada ese mismo año.

Toda la trama fue denunciada en 2005 por el entonces diputado y presidente del PTB Roberto Jefferson, incluido entre los 37 acusados y a quien el PT acusa de haber inventado todo el asunto por causa de una "venganza" política.

"A pesar de que las defensas intentan demostrar que los sobornos fueron una invención, las acusaciones están muy lejos de la mera venganza política", indicó el juez instructor, quien apuntó que "no sería la primera vez que un crimen se denuncia por discordias entre sus autores".

El más relevante de esos reos es el exministro José Dirceu, uno de los hombres de mayor confianza de Lula, de quien la acusación ha dicho que fue "ideólogo" y "jefe" del "más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público que haya sido descubierto" en Brasil.