El líder del PP, Mariano Rajoy, ha preguntado al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión de control del Congreso celebrada este miércoles por el supuesto "chivatazo" que se dio a ETA desde un teléfono del PSOE para alertar de una operación contra el aparato de extorsión.

Por su parte, Zapatero, ha respondido a Rajoy: "El Gobierno respeta las actuaciones de la justicia y colabora con ella". A lo que Rajoy, de nuevo con la palabra, contestaba que, con su actitud, "se está volviendo a la etapa más oscura del felipismo, con filtraciones y escapes".

El líder de la oposición añadió, además, que "el Gobierno se escuda en las investigaciones judiciales para no dar explicaciones sobre lo ocurrido con la supuesta filtración a ETA".

El presidente del Gobierno dudó de que Rajoy tenga muy claro el concepto de democracia y señaló que ni a él ni al presidente del PP les corresponde decir si ha habido un acto "antijurídico" en ese asunto, ya que son los jueces los encargados de hacerlo, concluyendo con una petición a los populares: "Respeten alguna vez a la justicia".

Una batalla dialéctica esperada

Como todos esperaban, Rajoy emplazó a Zapatero a que expresara su opinión sobre este asunto tras la investigación judicial abierta por la supuesta filtración al jefe de la red de extorsión de la banda terrorista, Joseba Elosúa, de que la policía estaba a punto de iniciar una redada para detener a todos sus miembros.

Algunos medios de comunicación informaron la pasada semana de que el jefe de Seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, realizó una llamada a la zona donde se encontraba Elosúa minutos antes de ponerse en marcha la operación, llevada a cabo el pasado 20 de junio, tres meses después del anuncio de alto el fuego de ETA.

El 11-M, otra vez en el Congreso

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó la semana pasada a estos peritos haber incurrido en un delito de falsedad en documento oficial por alterar la fecha del informe para darle apariencia oficial.

Rubalcaba acusa al PP de despreciar a las víctimas del terrorismo

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó que desde su departamento diese instrucciones al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, para que se limitasen los decibelios que podían ser emitidos en la manifestación convocada el pasado domingo por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Sevilla .

Además acusó al PP de "despreciar" a las víctimas por "utilizarlas políticamente".

En respuesta a una pregunta del diputado 'popular' Alejandro Ballestero en el Congreso de los Diputados, Pérez Rubalcaba afirmó que "naturalmente" el Ministerio del Interior no emitió ningún tipo de consigna para que se ordenase la limitación del ruido producido durante el transcurso de la manifestación en la capital hispalense.

Otros temas: memoria histórica

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que ha cumplido con el compromiso de traer al Congreso la ley de la Memoria Histórica que trata de "reconocer los derechos de las personas a las que se les vulneró" y que supone "un paso más" en la "consolidación del tránsito a la democracia".

Zapatero recordó que entre esos derechos está una "rehabilitación de carácter general y solemne que va en el texto de la ley" y la "posibilidad de explicitar una rehabilitación individual a la que se confiere el mayor rango institucional" porque será una comisión elegida por mayoría política la que la dictamine.

Rodríguez Zapatero respondió así al portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, quien le preguntó por qué la Ley de la Memoria Histórica no contempla la anulación de los juicios sumarísimos, como el del ex presidente de la Generalitat Lluís Companys.

Inversiones en Cataluña

El presidente del Gobierno aseguró que el Ejecutivo cumple escrupulosamente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007 el compromiso de destinar el 18,8 % de las inversiones del Estado en infraestructuras a Cataluña.

Zapatero respondió así al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien considera que ese compromiso, recogido en el nuevo estatuto de Cataluña, está siendo incumplido por el Ejecutivo.

Duran propuso que si ese aspecto no se corrige en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, 2007 sea considerado un "año cero" y la aplicación de este punto del Estatuto empiece a contarse a partir de 2008.