Ese informe era una copia extraída de un ordenador de otro documento que fue rechazado en su día por los responsables de la Policía Científica, y el juez dice que los peritos actuaron con la intención "de producir un efecto oficial de un documento, que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica.
Se derrumbó y admitió la falsificación
Garzón relata en su resolución que, el día anterior, la perito Isabel López le presentó un documento consistente en una copia del que habían elaborado el 21 de marzo de 2005, "que coincide con el publicado en el diario El Mundo" el pasado día 21.
Al presentar el documento al juez, López lo hizo como si fuera el elaborado en marzo de 2005, "sin advertir inicialmente que hubiera sido realizado en otra fecha".
Fuentes jurídicas informaron hoy, sin embargo, que en el curso del interrogatorio la perito se derrumbó y admitió que esta versión era falsa.
El informe había sido extraído el día 11 de julio de 2006 de su archivo informático por el señor Escribano y firmado por él y por los otros dos peritos el mismo 11 de julio
Los tres peritos, además, presentaron una fotocopia del documento a su superior -que en ese momento ya no era Ramírez, sino otro jefe de sección apellidado Andradas- "sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento".
Andradas incluso firmó un "recibí" al hacerse cargo del papel, sin que -insiste el juez- "aludieran los ahora imputados a que no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005, sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006".
"Con ello queda indiciariamente acreditada la intención de producir un efecto oficial de un documento, que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior (un año y casi 4 meses después)", dice Garzón.
Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano deberán comparecer nuevamente ante Garzón el próximo día 18, pero esta vez acompañados de abogado dada su nueva condición de imputados por un delito del artículo 390.2 del Código Penal.
Este precepto establece que "será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años", la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad "simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad".
- 21 de marzo de 2005. Los tres peritos, Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano elaboraron un informe sobre el ácido bórico encontrado en casa de uno de los imputados en el 11-M. Este informe no es oficial, solo un documento interno.
- Se lo presentaron a su jefe que les pidió que lo rehicieran porque discrepaba de su contenido señalando que "las observaciones sobre el ácido bórico eran subjetivas y faltas de consistencia".
- Uno de los peritos se niega a rehacerlo y le pide a su jefe que nombre a otro perito.
- 22 de marzo de 2005. Su jefe, Ramírez, se reasigna el caso y elabora el informe oficial que fue el que se incorporó al sumario.
- 11 de julio de 2006. Los tres peritos extraen del archivo informático el informe desechado y firman el documento con fecha de 2005.
- 21 de septiembre . El Mundo saca a la luz los dos documentos acusando a la policía de falsificar los informes para ocultar la relación entre ETA y el 11-M.
- 29 de septiembre. Garzón interroga a los peritos, una de ellos se derrumba y admite que la fecha de la firma es falsa y que lo firmaron en julio haciendo creer que fue en marzo de 2005.
Según este informe manipulado para que pareciera oficial, en el domicilio de uno de los imputados por el 11-M, Hassan el Hasski había ácido bórico (desinsectante y antiséptico), sustancia que se había localizado también en un piso de ETA en 2001.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión de la sala de lo penal de este tribunal de remitir a los juzgados de Madrid el asunto del 'ácido bórico'.
En el escrito de la Fiscalía se considera que el instructor -el juez Baltasar Garzón- se encuentra "perfectamente habilitado para la investigación de la sustancia incautada en el domicilio del imputado".
La Fiscalía entiende que esa decisión de la sala "pudiera haber sido precipitada".
Además, el Ministerio Público cuestiona la decisión de la sala porque ha fundamentado la deducción de testimonio a los juzgados de Madrid "en fotocopias de documentos y de una información periodística que no tiene ninguna garantía de autenticidad".
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