Cárcel
Una imagen de archivo que muestra el interior de una cárcel. ARCHIVO

El Ministerio del Interior pondrá en marcha en el último trimestre del año el plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA.

Según han explicado fuentes de Interior, los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos "auxiliares" como la vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios o el control de las cámaras de seguridad.

En ningún caso, añaden las mismas fuentes, estos refuerzos, -Interior ultima el número exacto- se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles. Además, el mando del servicio de vigilancia de los centros penitenciarios seguirá a cargo de agentes del instituto armado.

El ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz ha ofrecido esta vigilancia auxiliar en las prisiones a alrededor de 400 escoltas privados contratados en el País Vasco y Navarra que desde el pasado mes de marzo se quedaron sin trabajo tras la puesta en marcha del plan de reordenación de los servicios de protección.

Interior redujo en un 55% el número de escoltas privados en País Vasco y Navarra Una medida que se inició en estas comunidades y que posteriormente se ha extendido al resto de escoltas con el objetivo de optimizar los recursos policiales y de adaptarse a la nueva situación que lleva aparejada una menor amenaza terrorista tras el anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre.

Además, Interior justifica el programa de reubicación de escoltas en el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que había motivado que el número de protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente" en los últimos años. En total, Interior redujo en un 55% el número de escoltas privados en País Vasco y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200 personas.