El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, trabajará con todos los grupos del Consistorio para defender la autonomía municipal frente al proyecto de ley de reforma de la Ley de Urbanismo de Aragón (LUA), cuyo anteproyecto ha aprobado el Consejo de Gobierno de Aragón este martes.

Pérez Anadón ha anunciado esta decisión, que ya ha comunicado a los grupos municipales su intención de crear un grupo de trabajo tras el periodo estival, en rueda de prensa celebrada esta tarde, donde ha criticado que la reforma de la LUA está inspirada en el "liberalismo" que propició en 1998 la aprobación de la Ley de Urbanismo de España, que en su opinión favoreció la aparición de la "burbuja inmobiliaria" que después dio lugar a la crisis financiera española.

El consejero de Urbanismo ha explicado que el Gobierno Local, tras ser consultado, aportó al Ejecutivo aragonés un documento de más de 90 páginas con 108 propuestas para reformar la LUA, la mayoría técnicas, administrativas y jurídicas, sin conseguir que se atendieran "las consideraciones que mejorarían la gestión de los ayuntamientos y redundarían en un mejor servicio", ha lamentado.

Autonomía municipal

Carlos Pérez Anadón ha mostrado su preocupación por las modificaciones planteadas por el Gobierno autónomo respecto al régimen y el planeamiento urbanísticos, "una grave amenaza para la racionalidad de la ordenación —urbanística— y la autonomía municipal". La reforma de la LUA "vuelve a caer en errores de hace más de 10 años", ha dicho.

El consejero de Urbanismo de Zaragoza ha expresado que esta reforma legislativa dispone que los ayuntamientos no podrán proteger el suelo rústico, excepto en el caso de lugares históricos o por riesgos diversos, lo que posibilita la implantación en suelo rústico de "casi cualquier tipo de actividades aunque sean más propias de suelo urbano", como colegios, residencias, hospitales e incluso actividades industriales.

Ha alertado de que con esta reforma en los suelos que ahora acogen la huerta del entorno de Zaragoza podrían instalarse industrias. Actualmente la huerta goza de un régimen de protección especial. "No sé qué pensará de todo esto el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón", ha señalado.

El segundo teniente de alcalde de Zaragoza ha considerado que la reforma de la LUA está relacionada con el "liberalismo atroz" impulsado por el Gobierno de España del popular José María Aznar (1996-2004), cuando se reguló esta materia "creyendo que el mercado del suelo se puede comparar al mercado de tomates o pollos".

"Sorprende que a estas alturas haya quienes insistan en la desregulación total" del mercado del suelo, ha afirmado Carlos Pérez Anadón.

Zonas verdes

Asimismo, ha indicado que con la futura ley, de no corregirse en el trámite parlamentario, se elimina la exigencia de prever un mínimo de cinco metros cuadrados de zona verde por habitante. De haberse aplicado esta norma en Zaragoza antes la capital aragonesa tendría 3,5 millones de metros cuadrados menos de zonas verdes.

Además la nueva Ley plantea que se exijan 15 metros cuadrados de equipamientos y no los 37 metros cuadrados actuales. En este espacio se deberán atender las exigencias de equipamientos escolares, deportivos, sanitarios, asistenciales y culturales, ha subrayado.

También se elimina el límite de densidad de viviendas. Ahora el máximo son 75 viviendas por hectárea en suelo urbanizable y 150 en suelo urbano, pero con la nueva Ley "ya no hay límites", lo que es equiparable al "desarrollismo" de los años 60 del siglo XX, ha opinado.

Carlos Pérez Anadón también ha criticado que los planes generales de los ayuntamientos no estén obligados, si se aprueba este proyecto de ley, a incluir los catálogos de bienes protegidos municipales.

El consejero de Urbanismo de Zaragoza ha atribuido al "paternalismo que quiere ejercer la Comunidad Autónoma respecto a los ayuntamientos" el hecho de que, con esta reforma, los Consistorios deban someter al visto bueno de la Administración autónoma no solo los planes generales de urbanismo, sino también los especiales o parciales. Estos deberán aprobarse con un informe autonómico vinculante, lo que "raya en la pura arbitrariedad".