La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha advertido este lunes del "problema de salud" de muchas mujeres que tendrán que salir al extranjero para interrumpir su embarazo no deseado por graves lesiones fetales.

La federación ha reaccionado así al anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien en una entrevista publicada en el diario La Razón señaló que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar en la futura reforma de la Ley del Aborto.

Ante estas declaraciones, la citada federación ha comunicado, en una nota de prensa, que esta modificación afectará a mujeres con menos recursos socioeconómicos, que interrumpirían su embarazo de manera clandestina y sin las debidas condiciones sanitarias.

Según la federación, esta medida supondría "un gravísimo atentado contra la libertad de las mujeres", a las que obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos "a pesar de que las pruebas y revisiones demostraran graves taras y malformaciones en los fetos".

La federación entiende que tras esta decisión está "la ideología conservadora de un Gobierno que pretende satisfacer las demandas de los grupos religiosos más ultras y radicales".

De acuerdo con esta organización, el PP "pretende reintroducir un modelo de relaciones políticas, sociales, laborales y sanitarias retrógradas y lesivas para la ciudadanía".

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha considerado este lunes que el anuncio del ministro de Justicia de que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar supone una vuelta al franquismo, ya que llevará a las mujeres a la clandestinidad.

En declaraciones a Efe, Martínez Olmos ha señalado que la propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón es una cortina de humo para tapar "el fracaso de la política económica del Gobierno".

No obstante, ha incidido en que "la reforma planteada tiene unas consecuencias en términos de salud de la mujer, ya que "si el aborto va a ser tremendamente difícil nos podemos encontrar con un incremento de los abortos clandestinos", lo que supone "un riesgo claro de mortalidad para la mujer que nos puede situar en la España franquista".

El representante socialista ha insistido en que abrir ahora el debate de la reforma de la ley del aborto cuando no es una prioridad para la ciudadanía tiene como objetivo desviar la atención informativa de la principal preocupación de la sociedad, que es la situación económica.

Además, a su juicio, es llamativa la ausencia del debate de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, cuando se trata de un tema sanitario. Por ello, para Martínez Olmos, el asunto se está politizando y el debate es "puramente ficticio". El portavoz socialista ha insistido en que si finalmente se da el paso y se ponen restricciones a la interrupción del embarazo, "el riesgo para la salud de las mujeres será evidente porque la obligarán al aborto clandestino".

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha considerado este lunes que el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar supone "un ataque a los derechos de las mujeres". Bosch ha censurado en un comunicado la propuesta del titular de Justicia de castigar penalmente a las mujeres y a los facultativos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo en los casos de malformación del feto.

El portavoz de JpD ha criticado el empeño del ministro de Justicia "por criminalizar conductas que fueron despenalizadas hace varios lustros", sin que ello haya generado problemas. Gallardón plantea reformas penales "inspiradas por los sectores más conservadores de la sociedad, que representan un ataque a los derechos de las mujeres" y alejan a España de los sistemas penales europeos, ha señalado Bosch.

Ha destacado que las enormes dificultades que atraviesa el país aconsejan la consecución de amplios acuerdos entre las principales fuerzas políticas para la adopción de este tipo de medidas. Sin embargo, "Gallardón se empeña en actuar con reiterada prepotencia y deja de lado la importante responsabilidad del cargo que ocupa, que debiera llevarle a comportarse con una mayor prudencia institucional", ha resaltado Bosch.

El portavoz de Jueces para la Democracia ha pedido al ministro de Justicia una rectificación de su gestión, tanto en el fondo como en las formas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recordado respecto al anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar, que ella está en contra del aborto "radicalmente". Tras asistir en el Congreso de los Diputados a la toma de posesión de la nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, los periodistas le han preguntado su parecer sobre la reforma legislativa planteada por el ministro.

"Yo estoy en contra del aborto radicalmente; por tanto, no sé de lo que usted me habla. Yo estoy en contra del aborto", ha insistido.