Enrique Ortiz, el hermano de Castedo y su socio Javier Gutiérrez recurren el envío de la causa del PGOU al TSJ

Tres de los imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante, en una pieza separada del 'caso Brugal', han recurrido el envío al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Tres de los imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante, en una pieza separada del 'caso Brugal', han recurrido el envío al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El magistrado Manrique Tejada envió el pasado cinco de julio el sumario al TSJCV debido a la condición de aforados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos, para los que Tejada pedía la imputación en el caso.

El sumario además imputaba a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz, que a cambio de dádivas habría resultado favorecido con la tramitación del PGOU, así como el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores SL Javier Gutiérrez.

Tanto Enrique Ortiz, como José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

En el caso de Enrique Ortiz, su defensa presentó el pasado viernes un recurso de reforma contra el auto de inhibición en el que exponía que "la remisión de la causa en el actual estado procesal supone, entre otras infracciones de orden legal y constitucional, dar por concluida esta parte de la instrucción sin practicar las diligencias acordadas mediante resoluciones judiciales firmes".

REGISTROS

Este punto hace referencia a la petición, aún por atender, del magistrado, para que le fuera entregado el material intervenido en los registros practicados en la vivienda, oficinas y en el yate del empresario.

Por su parte, el hermano de la alcaldesa y su socio alegan en su recurso contra el auto de inhibición que, antes de este paso, el magistrado debería pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento libre elevada por estos dos imputados, según han señalado fuentes cercanas al caso.

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