La Audiencia Nacional ha admitido la querella presentada por UPyD contra Bankia y ha citado como imputados al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y a más de una treintena de consejeros de las cajas que formaron el grupo y su matriz, BFA, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y el exministro Ángel Acebes. También están llamados a declarar en calidad de testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; Julio Segura, presidente del Consejo de la CNMV y el representante legal del FROB.

Además de Rato, Olivas y Acebes, la lista de imputados incluye al todavía consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, así como al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández, entre otros nombres conocidos.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4, ha adoptado estas decisiones después de que Anticorrupción se pronunciara a favor de la querella presentada por UPyD por estafa y otros delitos contra los consejos de Bankia y su matriz, BFA. Los 33 miembros de estos dos órganos de gobierno están imputados por supuestos delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas, apropiación indebida y administración desleal en relación a las prejubilaciones y blindajes de los consejeros, además de la violación de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad. No obstante, habrá que concretar en la instrucción qué delitos se imputan a cada uno de ellos.

La Audiencia Nacional argumenta en un auto que es competente para dirimir este proceso porque los delitos que se imputan "habrían producido o podrían producir una grave repercusión en la economía nacional", así como "perjuicio a una generalidad de personas en territorio de más de una Audiencia, al ser Bankia una entidad de suma relevancia en España".

El juez recuerda que es el cuarto banco más grande del país, con un volumen de negocio que superaba los 485.000 millones de euros y un negocio crediticio de más de 186.000 millones de euros a cierre de 2011, por lo que la "quiebra" de la entidad "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país". "La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento y recapitalización del grupo financiero", añade la Audiencia en su escrito.

Y como esa cantidad se suma a los 4.465 millones que el grupo recibió para su creación, el coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización de BFA-Bankia ascendería a la suma de 23.465 millones, "sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional", añade el auto.

UPyD había solicitado en su querella como medida cautelar la intervención judicial de Bankia y BFA, que consistiría en sustituir a los actuales gestores de las entidades por un administrador que sólo rendiría cuentas ante los tribunales. Sobre esta petición de medidas cautelares, el fiscal se mostró contrario a su concesión, mientras que el juez argumenta que es necesaria una vista para decidir si finalmente se adoptan para lo que ha citado a todas las partes el próximo 23 de julio.

Las primeras reacciones no han tardado mucho en llegar. El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien ha lamentado la decisión de la Audiencia Nacional. Ha querido decir "de todo corazón" que lamentaba "enormemente" la imputación porque quiere "bien" a Rodrigo Rato.

La dirección del PSOE, por su parte, se limitó a decir que respeta la decisión judicial, sin entrar en más comentarios.