La reforma de la ley de financiación de partidos, que fija un recorte del 20% en las subvenciones públicas además de estrechar el cerco para dificultar que se puedan financiar de manera irregular con mayores medidas de control, ha salido adelante casi por unanimidad en el pleno del Congreso.

La reforma de la ley ha salido adelante con 308 votos a favor, la abstención de los diputados de la Izquierda Plural y el voto en contra de los dos representantes de Amaiur que se encontraban en el Pleno. Ninguna de las enmiendas propuestas ha sido aceptada. A falta de la votación final, sólo se ha opuesto Amaiur, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se ha abstenido al considerar que los avances, aunque sustanciales, no han sido suficientes.

Uno de los aspectos que más críticas ha suscitado ha sido la negativa del PP a aceptar una cláusula de revisión automática en las ayudas que perciben, y así lo han manifestado el PSOE, la Izquierda Plural, CiU y PNV al entender que se dejaría en manos de una fuerza con mayoría absoluta el destino presupuestario de los partidos.

No lo ve así el portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha recordado que hasta la anterior reforma de la ley, en 2007, no existía esta cláusula. En momentos difíciles como los actuales, ha afirmado que no le parecía justo mantenerla, puesto que la mayoría de españoles tampoco la tiene.

Para el ponente del PP, durante la elaboración del dictamen de la reforma, la ley ha sido "enriquecida" sobre la base de la transparencia y la mejora de los mecanismos de la fiscalización de partidos y fundaciones.

De esta manera, las fundaciones vinculadas a los partidos, a las que también se les recortará un 20% las ayudas, tendrán que notificar al Tribunal de Cuentas en un plazo de tres meses cualquier donación aportada por empresas, un mecanismo -ha dicho Bermúdez de Castro- para impedir la financiación ilegal.

De la misma manera que las fundaciones, las fuerzas políticas tendrán que informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que perciban, aunque en su caso sí se ha fijado un límite, por encima de los 50.000 euros, e igualmente tendrán que comunicar los bienes inmuebles que reciban.

En el penúltimo trámite parlamentario de esta ley, ya que queda el paso del Senado, los socialistas han valorado las mejoras en favor de la transparencia y la austeridad, ha señalado José Ignacio Sánchez Amor, quien, sin embargo, ha lamentado la falta de una cláusula de revisión.

Mantienen su enmienda para vincular la variación de la financiación "a la suerte de la economía" y no al criterio unilateral del gobierno de turno. También ha expresado sus sospechas sobre la posibilidad de que el PP, aprovechando "la coartada" de la crisis, suprima subvenciones a los partidos para que sólo subsistan con aportaciones de militantes.

Hoy mismo, ha puesto como ejemplo, podría llegar un millonario americano, en alusión al proyecto de Eurovegas, y cambiar la ley para captar esas inversiones, como está dispuesta a hacerlo la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, con la ley del tabaco. "Eso es lo que no queremos a toda costa", ha recalcado.

Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, ha hecho una defensa rotunda de la financiación pública de los partidos y ha expresado su satisfacción por las enmiendas que han mejorado la claridad de las cuentas aunque ha lamentado que no se incluya un límite a las donaciones para fundaciones.

Tampoco el representante de CiU, Jordi Jané, cree que la financiación deba quedar al "albur" de las aportaciones privadas y ha demandado mayores garantías en las ayudas públicas. Se ha quejado de que se haya eliminado la cláusula de revisión del IPC, pero ha compartido medidas en favor de la transparencia como la obligación de que los partidos publiquen en sus web toda la información contable y se prohíba que los bancos puedan perdonar las deudas superiores a los cien mil euros.

Muy entusiasta con la reforma ha sido la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien la ha calificado de un "indudable progreso", aparte de que sirve para combatir "el mayor descrédito" que están sufriendo los partidos en los treinta y cuatro años de democracia.

"Necesitamos acuerdos políticos como este para salir de la crisis", ha recalcado. Alfred Bosch, de ERC, ha elogiado los cambios, que ve "positivos", y se ha congratulado de que se hayan incorporado dos de sus enmiendas, referidas a fiscalizar las fundaciones.